Habitantes de la parroquia Chical piden más presencia de militares colombianos en esa jurisdicción

Tulcán

Una bandera del Ejército de Liberación Nacional (ELN) izada en Tallambí, frente a la parroquia ecuatoriana de Chical, en la frontera norte, encendió las alertas en organismos de seguridad territorial ecuatorianos en agosto pasado.

Este hecho inusual se dio tras la posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El actual mandatario está identificado con la izquierda colombiana y fue un exguerrillero del Movimiento 19 de Abril.

El grupo fue parte de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá el 6 de noviembre de 1985, que mantuvo más de 350 rehenes durante 28 horas.

Descubren en Carchi material explosivo que presumiblemente iba a los grupos irregulares en Colombia

Tallambí es una pequeña población colombiana separada por el río binacional San Juan de Mayasquer. Allí no existen unidades militares ni policiales; un puente peatonal permite transitar entre las dos naciones.

Chical (Ecuador) y Tallambí (Colombia) han mantenido, históricamente, excelentes relaciones debido a la cercanía y a los lazos familiares que unen a estos poblados que comparten costumbres, tradiciones, cultura, deporte, religiosidad, entre otros.

A varios metros de Tallambí se han registrado enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas regulares colombianas. Entre los sucesos registrados están explosiones, descargas de armamento pesado y sobrevuelos de helicópteros de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Las confrontaciones, en más de una ocasión, han provocado desplazamientos de familias colombianas hacia territorio ecuatoriano. Las personas huyen de los combates y deciden cruzar el paso peatonal para ponerse a buen recaudo.

Una vez que terminan las refriegas, los desplazados retornan a sus hogares. Sin embargo, esto es una constante cada que las fuerzas militares móviles colombianas arriban a esos pequeños poblados vecinos.

Encuentran pertrechos militares en bus que se movilizaba entre Imbabura y Carchi

Los chicaleños han sido testigos de que en esta parte de la frontera del conflicto colombiano no se ha logrado un real escenario de paz pese a los acercamientos de gobernantes y líderes guerrilleros.

Los habitantes de Chical y Maldonado prefieren no hablar directamente sobre la realidad que viven los poblados colombianos que están frente a Ecuador. Ellos consideran que la guerra es al otro lado y aquello, aparentemente, no les preocupa.

No obstante, quienes sí se pronuncian comentan que la guerrilla y las disidencias mantienen el control en esos territorios, en donde se impone la justicia territorial castigando a quienes consumen licor o estupefacientes, roban o maltratan a mujeres.

Según comentan parroquianos de esas jurisdicciones, algunas personas habrían decidido ser parte de las filas de los grupos armados colombianos al margen de la ley, siendo reclutados bajo engaños ante la falta de oportunidades laborales.

Los moradores de esos sectores aseguran que los labriegos son cautivados por la paga de un supuesto salario mensual, pero, con el tiempo, estas personas son adoctrinadas e internadas en la selva colombiana, en donde comienzan a formar parte del conflicto armado.

Falta presencia del Ejército colombiano en la frontera

Desde el destacamento militar en Chical, ubicado en la parte más alta y estratégica de este poblado, puede avistarse un banderín del grupo subversivo ELN. Esta muestra causó sorpresa y cierto temor en la población ya que en esa zona no existe presencia militar o policial.

Jaime Guerra, comandante del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina, señala que, aunque sus similares de Colombia no realizan patrullajes regulares en este sector, se espera que el Ejército colombiano establezca unidades fijas en esa zona.

En Carchi, vías fronterizas son usadas para tráfico de armas y pertrechos militares que llegan a grupos irregulares de Colombia

Por parte de Ecuador, desde que se observó el banderín del ELN se redobló la presencial de personal y logística en ese sector de frontera desde hace tres meses.

Guerra enfatiza en que no permitirán que ninguno de estos grupos irregulares logre influenciar en las poblaciones nacionales. En Chical y Maldonado fueron redobladas campañas de concienciación y presencia militar para que exista una buena relación entre militares y civiles ecuatorianos.

Mayor presencia del Estado en esta parte del país

Aunque la controversial bandera del ELN ya fue retirada, Iván Rosero, presidente del Gobierno Parroquial de Chical, afirma que se requiere presencia policial o militar colombiana en esa jurisdicción.

El funcionario asegura que desde hace tres años no han llegado las Fuerzas Armadas de Colombia a Tallambí y otros territorios colombianos.

Según Rosero, la falta de vías en el lado colombiano hace que la presencia castrense en esa zona fronteriza no sea permanente. Los habitantes de más de una veintena de jurisdicciones vecinas (Colombia) utilizan la vía ecuatoriana Chical-Maldonado-Tulcán para ingresar al interior de Colombia, utilizando el puente internacional de Rumichaca.

Ministro de Defensa recorrió la frontera norte y anunció competencia para luchar contra el narcotráfico

Una de las misiones del Ejército ecuatoriano es lograr una mayor presencia del Estado en estos lugares. Las autoridades buscan que estas parroquias comulguen con la política pública ecuatoriana y no tengan ningún tipo de injerencia ideológica.

Por la presencia de la bandera se decidió militarizar Chical con vehículos dotados de armamento pesado y se duplicó el personal uniformado en ese destacamento táctico y militar.

La implementación de camionetas con ametralladoras y acciones disuasivas son parte de las estrategias que se vienen implementando. Las operaciones de vigilancia, exploración y reconocimiento son más continuas ahora, indica Rosero.

Aunque en diferentes reuniones binacionales se ha hablado de operaciones espejo en la frontera para contrarrestar el tráfico de armas, de municiones y de explosivos, aún no hay presencia de las fuerzas regulares colombianas en la zona.

Extensos cultivos de coca

Los amplios cultivos de coca frente a Chical y Maldonado, en Colombia, inquietan a los habitantes de esas parroquias. Según indican, los labriegos ecuatorianos ante la falta de trabajo, bajos precios que reciben por la producción en las ciudades y la proliferación de intermediarios deciden dejar sus tierras y pasar a territorio colombiano a laborar en los sembríos de coca.

Allá laboran como jornaleros, sembrando o raspando hojas de coca por unos cuantos pesos colombianos. Los denominados “raspachines” van y vienen todos los días, cumpliendo extenuantes jornadas agrícolas que están al margen de la ley, sostiene el comandante del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina.

Las plantaciones de naranjilla, caña de azúcar, tomate, entre otros productos, están abandonadas. Los jóvenes han optado por trasladarse a laborar en los cultivos ilícitos colombianos, que son administrados por grupos delictivos.

Inteligencia militar corrobora que los ecuatorianos trabajan en el otro lado (Colombia) en los polémicos sembríos, plantando y cosechando, ganando por jornada. La preocupación surge porque hay temor de que los connacionales puedan extender estas actividades a las fincas ecuatorianas.

Según Guerra, en los sectores de Chilma Bajo y Santa María habría una mayor incidencia de comuneros trabajando en fincas colombianas en este tipo de labranzas. Existe la presunción de que algunos son incorporados a las filas de esos grupos armados o son utilizados como informantes.

Varios de los jóvenes se quedan prestando servicio en el ELN, ellos son considerados por las madres y familias como hijos perdidos, ya que saben que no regresarán porque son organizaciones radicales que tienen sus reglas, entre ellas, el reclutamiento permanente.

Ecuatorianos vinculados a las milicias colombianas

La presencia del Estado es vital en estas parroquias para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad, dicen exautoridades y dirigentes de Chical.

Hay casos en los que ecuatorianos vinculados a las milicias colombianas se pierden tres años, vuelven a descansar un mes y luego retornan. Como no están armados y no cometen ningún delito en Ecuador pueden permanecer sin inconvenientes, dicen las exautoridades.

“Es gente convencida que hizo su forma de vida en estos grupos delictivos, donde son adoctrinados”, dicen militares que investigan estos temas. Algunos de los reclutados, incluso, han alcanzado jerarquías dentro de los mandos guerrilleros.

En el sector de responsabilidad del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina, las fuerzas irregulares armadas que operan en Colombia son las siguientes: frente a San Marcos tienen presencia las disidencias de las FARC; a metros de El Pailón, Ojal, Chical y Maldonado (Ecuador), en Colombia predomina el ELN.

En cambio, que al frente a las parroquias fronterizas de Urbina, Calle Larga y El Carmelo (Carchi) predominan las disidencias de las FARC. Ahora, la inteligencia ecuatoriana investiga la presencia o incidencia de los carteles mexicanos en estos lugares.

Guerra refiere que los poblados ecuatorianos están bajo el control de las Fuerzas Armadas, pero confiesa que existen moradores, especialmente de la tercera edad, que mantienen el imaginario de que la guerrilla les brinda seguridad.

Hace cuatro décadas en Chical y Maldonado, cuando no había presencia de las fuerzas del orden, la guerrilla cruzó la frontera e intentó controlar el orden público, ajusticiando a quienes lo revertían frente a los pobladores.

Entre 1987 y 1988, un grupo armado quemó una vivienda, ingresó con fuego de fusil y granadas. En ese suceso murieron más de cinco personas. El hecho aún es confuso, hay quienes señalan que se trató de un escarmiento para una familia que no respetaba las reglas impuestas por los armados; otros, en cambio, dicen que fue una venganza entre familias.

Aquello obligó a instalar los fuertes militares de Chical y Maldonado, retomando el ejército y la policía el dominio del orden. Muchos pobladores comentan que en el sector colombiano los alzados en armas brindan seguridad y en el lado ecuatoriano los militares.

A través de acción cívica o trabajo comunitario, los militares intentan cambiar la mentalidad de la gente. Los uniformados capacitan a los moradores sobre la importancia de las Fuerzas Armadas y su rol de brindar seguridad en Ecuador.

Las autoridades y habitantes coinciden en que los ministerios de Salud, Educación, Transporte y Obras Públicas, Agricultura y Ganadería y la banca pública deberían acudir con asistencia y programas que posibiliten una real reinserción social y económica.

Acciones y pasos fronterizos

Por la severidad en los reglamentos de los grupos irregulares armados, han proliferado negocios nocturnos en el lado ecuatoriano. Los grupos tienen entre sus políticas la prohibición de bares, cantinas, prostíbulos y otros sitios de diversión en sus territorios.

Por esta razón, a Chical llegan colombianos, milicianos y disidentes a “descansar” y divertirse.

La guerrilla sostiene que la prohibición del funcionamiento de estos establecimientos de diversión en territorio colombiano pone en riesgo la producción de coca, comenta Guerra.

Colombia cambiará de estrategia para erradicación de cultivos ilícitos

Los ecuatorianos que trabajan en las plantaciones son celosamente vigilados para que no sean presa del consumo de las drogas que procesan. Además, ningún connacional puede trabajar en los laboratorios, únicamente colombianos.

Las Fuerzas Armadas explican que entre Chical y Tulcán hay 28 pasos fronterizos no autorizados y homologados que comunican con territorios colombianos. Durante la pandemia fueron descubiertos siete pasos fronterizos no autorizados y no homologados.

La diferencia entre los dos es que los pasos homologados nacieron por mutuo consentimiento y fueron construidos por los pobladores para el paso de peatones, motocicletas y carros sobre el río binacional Carchi.

En cambio, los pasos fronterizos no autorizados y no homologados están en lugares como Urbina o Río Carchi, donde durante los picos altos de la pandemia, finqueros abrieron en sus terrenos carreteras que unen a las dos naciones para permitir la circulación irregular de vehículos previo el pago de un peaje.

Estas arterias que fueron abiertas con maquinaria privada en terrenos particulares están siendo suspendidas, no permitiendo la movilidad de camiones con contrabando entre ambas naciones.

Hay sospechas de que los cobros que ejercían los dueños de las fincas eran controlados por grupos delictivos, que bajo amenazas les exigían una suerte de vacuna o un valor por automotor que utilizaba estas vías. (I)