La liberación de alias ‘Júnior’ marca un nuevo distanciamiento entre Guillermo Lasso e instituciones que conforman la Función Judical

Justo una semana después de que Guillermo Lasso hizo públicos los nombres y rostros de cinco jueces que supuestamente habían emitido decisiones en beneficio de “delincuentes”, el primer mandatario vuelve a dar una cadena nacional y en cerca de tres minutos habla de que “los responsables de la inseguridad en las calles son los malos jueces y malos fiscales y alguno que otro revoltoso”.

El nuevo capítulo que tensiona una vez más la relación del Poder Ejecutivo con la Poder Judical nace en la liberación de Júnior Roldán, alias Júnior o JR. El que figura como uno de los cabecillas de la agrupación delictiva Los Choneros, luego de no ser acusado por Fiscalía en un caso por tráfico de armas, en enero pasado, y haberse beneficiado de una prelibertad en otra causa penal, en diciembre último, recibió un habeas corpus que le permitió salir de la Cárcel Regional del Guayas, la noche del martes último, tan solo horas después del mensaje a la nación de Lasso.

El presidente no solo culpó a la justicia ecuatoriana de dejar libre al “más grande y peligroso delincuente”, sino que además criticó que mientras su Gobierno colaboraba en la capturaba en Colombia del narcotraficante alias Gato Farfán, hacía esfuerzos por impedir la liberación de alias Junior y denunciaba malos jueces que liberan delincuentes, habían “instituciones del Estado que estaban más preocupadas de 37 policías, que de proteger la seguridad de los ciudadanos”.

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Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), reconoce que hay que recuperar la confianza en la justicia, pero reitera que no debe generalizarse al sistema de justicia por hechos específicos. El funcionario explica que cada juez es responsable de sus decisiones y que si hay hechos con irregularidades deben ser individualizados, analizados dentro de debido proceso y de ser el caso y existe responsabilidad, sancionarlos.

“Como Estado debemos trabajar con el propósito de no permitir la impunidad y obviamente luchar contra la criminalidad. A los jueces no nos corresponde la seguridad, esa es una función del Ejecutivo, lo que nos corresponde es sancionar las conductas delictivas, pero algo más, de conformidad estricta con las leyes”, reflexionó.

Respecto a la liberación de alias Júnior, la Fiscalía respondió en su cuenta de Twitter que el 15 de diciembre pasado ya expresó su rechazo y preocupación por el beneficio de prelibertad para este procesado. Se resaltaba que ese beneficio penitenciario se concedió con base en un “informe errado” del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

La notificación de la rotación de 37 agentes policiales técnico-investigativos que apoyaban las tareas de la Fiscalía causó, el sábado último, un roce entre la institución encargada de la investigacion de delitos en el país y la Policía Nacional, instancia administrativa a cargo de los agentes.

Para la Fiscalía el retiro de esos agentes y en su lugar el envío de otros sin la suficiente “experiencia específica” era una intromisión en la justicia que limitaría el trabajo en casos en curso como los denominados Encuentro, Pandora Papers, Petroecuador… Desde el Gobierno se aseguraba que lo único que se está haciendo es una rotación rutinaria enmarcada en la ley.

La realización el viernes último de siete allanamientos dentro de un caso de corrupción denominado Petroecuador, uno de ellos en oficinas del Palacio de Carondelet en la subsecretaría Jurídica de la Presidencia, y un día después la notificación de la rotación del personal policial asignado a la Fiscalía, dejaba en el aire la idea de que las acciones estaban atadas.

Lasso también mantuvo una discrepancia con la Fiscalía en el momento que denominó Encuentro al caso que investiga de forma previa una supuesta red de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico. Desde el inicio la actual administración se hizo conocer como el Gobierno del Encuentro y ahora así nombraba la Fiscalía a la causa en la que es investigado como líder de la presunta red Danilo Carrera, cuñado del presidente.

La presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), Adriana Orocu, cree que lo que ha hecho el presidente Lasso en sus dos últimas cadenas nacionales no solo es es afectar los principios de inocencia, de independencia judicial, sino que quebranta también la división de poderes en un Estado de derecho. Sostiene que cada sistema de justicia tienen los mecanismos y el debido proceso para revisar un fallo que no este apegado a derecho y la actuación del funcionario.

“Sin conocer los peligros procesales, ni las situaciones concretas que el juez sí analizó en los casos para determinar de una forma motivada en un fallo, sin hacer ese ejercicio jurisdiccional emite ligeramente consideraciones populistas con respecto a la actuación de jueces y fiscales. Eso es muy peligroso en un sistema democrático. Deslegitimar un órgano jurisdiccional que es el que tiene que corregir los excesos y garantizar libertades públicas y los derechos humanos a los ciudadanos, deslegitimarlo de esta forma es muy peligroso y genera una indebida injerencia dentro del Estado democrático y la independencia judicial”, expresó Orocu.

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La mañana de este miércoles en el Consejo de Participación Ciudadana el recién nombrado presidente titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, firmó un acta de compromiso público por la justicia. Ahí Terán mencionó que la misión que tendrá radica en “estabilizar el país a través del tercer Poder del Estado, que es la Función Judicial”.

Para el nuevo titular de la Judicatura cuando se aplica un buen derecho y de manera adecuada se pacifica y se genera tranquilidad pública. “Esta tranquilidad pública es lo que necesita el pueblo ecuatoriano”, anotó.

La titular de la FLAM comparte el criterio de Terán. Refiere que si se aplica la norma como corresponde en cada uno de los casos, las leyes con independencia y existe una motivación adecuada que guarde relación de los hechos, el derecho y la resolución, esa es una forma adecuada y pacífica de resolver los conflictos. “Eso crea precisamente paz social”. (I)