La justicia ecuatoriana termina nuevamente un año en medio de cuestionamientos, críticas y pedidos de reformas

Críticas sobre fallos judiciales, dudas de la independencia judicial respecto de poderes políticos y económicos, disputas internas entre autoridades, anuncios de reformas, un juicio político, dos pedidos de emergencia y denuncias de intentos del narcotráfico y el crimen organizado por tomarse la justicia, son entre otros los escenarios en los que se ha desenvuelto la justicia de Ecuador este 2022.

El año termina como comenzó: con un revuelo causado por señalamientos del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre la posible relación de jueces con la corrupción y la delincuencia.

Decía en diciembre de 2021, al referirse al retiro de visas a los que calificó como narco generales, a jueces, abogados, entre otros, que “nadie puede esconderse detrás de una túnica judicial para cometer crímenes”. Doce meses después, el diplomático le sumaba a esa realidad el que los carteles del narcotráfico ahora se están enfrentando entre ellos por tener el control de la rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia en Ecuador.

Reactivación de un juicio político y sentencia que revoca medida administrativa son hechos que marcan el nuevo momento de crisis en la Función Judicial

“La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado en algo irrelevante. Cuando estos fallos (…) se transforman en un mero ejercicio burocrático o algo peor, en un camuflaje para proteger a narcos, matones o testaferros (…) la justicia pierde relevancia. (…) Lo que sucede en Esmeraldas y Guayaquil es un reflejo de los tiempos difíciles que vive el país: compra de jueces, intimidación de testigos, abuso rutinario del habeas corpus y de procedimientos legales que no se extienden a la gran mayoría, a los pobres que no tienen acceso a un narco abogado”, señaló.

Para el presidente de la República, Guillermo Lasso, era evidente que la justicia estaba fallando y arrancó el 2022 anunciando su intención de reformar la justicia vía consulta popular. Decía que buscaría hacer una propuesta que calce a la realidad del Ecuador, pues se necesitaba una justicia institucionalmente fuerte, para que se nos vea como un país que administra la justicia con imparcialidad.

A este punto del año ya la Corte Constitucional (CC) dio luz verde para que el Gobierno haga ocho preguntas en referéndum, pero solo dos tienen que ver con el sector justicia: el permitir la extradición para delitos que tienen que ver con el crimen organizado transnacional y que la Fiscalía General del Estado tenga autonomía para que seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a su personal.

Hace pocos días, Fausto Camacho, del Colectivo Voces por la Democracia, señalaba que la pregunta sobre extradición revela que no confiamos en la justicia, pero criticaba que no se haga nada para cambiarla. “¿Qué preguntamos en la consulta para cambiar la justicia? Nada. ¿Qué decimos respecto de las fuerzas de seguridad infiltradas por el narcotráfico? Nada”.

CUESTIONAMIENTO A FALLOS

Uno de los puntos que generó reclamos de las autoridades y la ciudadanía fue el proceder de ciertos jueces de garantías constitucionales y penitenciarias, quienes tomaron decisiones que terminaron otorgando habeas corpus, acciones de protección, medidas cautelares cuestionadas por no obedecer a la norma, sino a presiones de otros tipos (políticos, económicos, de grupos delictivos).

Entre esas decisiones cuestionadas estuvieron dos habeas corpus concedidos al exvicepresidente Jorge Glas, los cuales fueron anulados en apelación; la aceptación parcial de una acción constitucional que presentó el entonces alcalde Jorge Yunda para evitar su salida del Municipio de Quito, causa en la que se hallaron irregularidades en su sorteo y generó la destitución de la jueza Belén Domínguez.

También que juez multicompetente de Paján, en Manabí, Simón García, acogió medidas cautelares pedidas por Daniel Salcedo, principal involucrado en una trama de corrupción en la venta de insumos médicos durante la pandemia, y dispuso su salida de la cárcel, pese a tener dos sentencias por cumplir; y la prelibertad que dispuso el juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, Jorge Aldaz, a favor de Júnior Roldán, alias JR, uno de los líderes de Los Choneros y quien mantiene dos sentencias por asesinato.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, reconoce haberse quedado “absorto y sorprendido” por algunas decisiones judiciales, pero cree que no se puede decir de forma general que son los jueces del país los están actuando de forma indebida.

“El país no puede tolerar que existan jueces que dejen en la impunidad conductas graves y que se manosee la justicia, que se atropellen los procedimientos para beneficiar a ciertos sectores o intereses de índole político. (…) Este tipo de acciones tienen que ser revisadas y esto incluye el régimen disciplinario. (…) Es necesario evaluar a los jueces de garantías penitenciarias, a los jueces que han adoptado este tipo de decisiones fundamentalmente. Debe existir la sanción para quienes han actuado de forma irregular”, explicó.

Saquicela fue parte de uno de los momentos complejos que atravesó la Función Judicial en este año. En mayo de 2022, el CJ lo suspendió por 90 días por una denuncia de una supuesta manifiesta negligencia al no haber realizado ninguna acción por seis meses con el trámite de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años en el caso Sobornos.

Días antes, Saquicela había retirado la primera terna que envió al Consejo de Participación Ciudadana para que se escoja al vocal que represente en la Judicatura a la CNJ y a la vez presida el CJ, en lugar del presidente encargado, Fausto Murillo. La retiraba asegurando que lo hace para evitar que se “consume la arbitrariedad de archivar la terna y con ello una nueva forma de metida de manos en la justicia”.

La suspensión se tomó con los votos del vocal Juan José Morillo y de Murillo. Saquicela sostiene que no puede estar al frente del CJ alguien que no ha sido propuesto por la CNJ. Murillo proviene de la terna de la Asamblea y desde hace más de diez meses ocupa la presidencia del CJ que mantenía María del Carmen Maldonado, quien renunció al cargo por diferencias con la CC.

Al momento está en manos del Consejo de Participación una última terna enviada por la CNJ -la cuarta entregada desde marzo pasado-. Se espera que los primeros días del próximo año la Judicatura tenga un presidente titular y no encargado.

Iván Saquicela volvió a ser el titular de la CNJ en julio pasado, luego que el pleno de la Corte Nacional determinó que él no incurrió en manifiesta negligencia y por ende no podía emitir la declaratoria jurisdiccional previa necesaria para que la Judicatura avance con el proceso administrativo que podía llegar a la destitución del funcionario.

El líder del Poder Judicial entiende que se debe cuestionar e indignar cuando existen casos particulares de jueces que se apartan de su deber, pero no se trata solo de eso, pues es urgente reformar al sistema de justicia, se tiene que invertir en la Función Judicial. Saquicela cree que se perdió una gran oportunidad de debatir reformas constitucionales que podrían haber sido consultadas al pueblo.

“No solo se trata de cuestionar, cuando todos saben que los funcionarios judiciales no tienen ni las condiciones mínimas de dignidad para trabajar, no existe un expediente electrónico, no existe un sistema informático, no existen impresoras, no hay agua, … no tenemos condiciones de seguridad para adoptar decisiones importantes”, anotó.

Ante ‘crisis sin precedentes’, el presidente de la Corte Nacional solicita nuevamente que se declare el estado de emergencia para la Función Judicial

En un conversatorio sobre corrupción y crimen organizado realizado en la Universidad Andina, el vocal Juan José Morillo recordó que el actual CJ no tiene los $ 500 millones de presupuesto de administraciones anteriores, sino que actualmente solo llega a los $ 350 millones, de los cuales el 96 % está destinado a pagar sueldos y salarios de los servidores judiciales.

PEDIDO DE REFORMAS

El presidente Fausto Murillo piensa que es importante diferenciar que el CJ es un órgano administrativo-disciplinario de la actuación de los jueces y que lo medular en la Función Judicial son las decisiones jurisdiccionales y en aquello los responsables son los jueces que las emiten y los jueces superiores que tienen la facultad correctiva para a quien se desvía de la ley ponerlo en su sitio.

Él tiene claro que el órgano que dirige no puede entrar en los dictámenes de los jueces y reitera que son los jueces superiores los que tienen la facultad correctiva de los que hacen sus inferiores.

Pese a ello, Murillo asegura que los jueces superiores no ejercen esa facultad y cuando el CJ pide declaraciones jurisdiccionales previas por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable de algún servidor judicial las respuestas llegan tarde, son negadas o están pendientes de resolver. El califica que existe un falso espíritu de cuerpo.

Cifras de la Judicatura sobre declaraciones jurisdiccionales previas señalan que entre 2020 y septiembre de 2022 se han ingresado 462 causas en las que se la solicita. De ese total resueltas han sido 355, negadas 292, aceptadas 63 y sin resolver 107, las cuales están en la CC, la CNJ y cortes de Pichincha, Esmeraldas, Guayas, El Oro, Los Ríos, Imbabura, Manabí y Cañar.

Murillo, Morillo, la también vocal del CJ Maribel Barreno y la expresidenta Maldonado enfrentaron, en septiembre pasado, un juicio político en la Asamblea Nacional por un supuesto incumplimiento de funciones. Los interpelados aseguraron que se buscaba sacarlos del cargo para que sectores políticos se tomen la administración de justicia. El juicio no alcanzó los votos necesarios para la censura y destitución.

Durante todo este año también ha sido evidente el abuso de las garantías constitucionales (acción de protección, medidas cautelares) para frenar actos del poder político mediante resoluciones adoptadas por jueces. Entre esos casos está la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien buscaba no se concrete su salida del cargo, o al momento está vigente un fallo que impide se concrete la destitución de cuatro consejos de Participación Ciudadana.

Respecto a este abuso de medidas constitucionales como las acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares, Murillo sostiene que debería venir desde la CC la claridad.

El presidente encargado del CJ indica que se debe reformar la sentencia adoptada por la anterior CC en 2018, la cual interpretó el delito de prevaricato y estableció que los jueces constitucionales no incurren en prevaricato por más que tuerzan la ley, la malinterpreten o la apliquen indebidamente. “Eso ha dado pauta para que algunos jueces en garantías constitucionales tomen en lugar de estar del lado de la ley, se vayan del lado de la delincuencia organizada y de la corrupción”.

También Murillo ve necesario que en el ámbito disciplinario la CC modifique el hecho de que para la negligencia manifiesta, el dolo o el error inexcusable no se necesite denuncia ni declaratoria jurisdiccional previa, para que así el Consejo de la Judicatura pueda actuar de oficio. “De esa manera le dan al CJ instrumentos para actuar inmediatamente para procesar a los jueces”.

Desde el 2019 que está en funciones este CJ al 2022 se habrían destituido 260 servidores judiciales: 91 jueces, 26 fiscales, 10 defensores públicos, 11 notarios y 122 otros servidores judiciales.

El 16 de diciembre pasado, el presidente Lasso señaló que jamás atropellará a la Función Judicial, que respeta la independencia de poderes, pero advirtió que los “malos jueces” que entorpezcan a la justicia, en lugar de servirla, serán expuestos y llevados a la “corte de la opinión pública donde deberán responder”.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, asegura que todo este tipo de hechos hacen ver que la justicia ecuatoriana forma parte del secuestro que algunos sectores de la corrupción han ejercido sobre ella. Piensa que es hora que el país busque una salida a un sistema de justicia obsoleto, politizado y carente de mejoramiento sustantivo. (I)