La designación del vocal y nuevo presidente del Consejo de la Judicatura se definiría este 1 de enero

Este domingo 1 de enero, los tres candidatos a ser vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) presentarán sus propuestas de planes de trabajo ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que definirá cuál de ellos será el elegido para dicha dignidad.

La autoridad a ser electa como vocal del Consejo de la Judicatura corresponde a la que delega la Corte Nacional de Justicia (CNJ), de acuerdo con lo que establece el artículo 179 de la Constitución, por lo que se nominó al proceso de selección a: Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Velasco, quienes fueron admitidos al determinarse que cumplen con los requisitos legales para ocupar un cargo público y no están incursos en inhabilidades.

Al concluirse esa primera fase, se convocó al escrutinio público y se presentaron ocho impugnaciones ciudadanas en contra de los tres aspirantes, las mismas que fueron inadmitidas a trámite por decisión de los cuatro vocales del CPCCS que integran el bloque de mayoría, durante una plenaria que se realizó desde las 22:00 de este 30 de diciembre.

En contra del primero de la terna, Wilma Terán se presentaron tres impugnaciones; dos, en contra de Mercedes Caicedo; y, tres en contra de Luis Rivera.

Pero, con base en un informe elaborado por un equipo técnico, integrado por funcionarios del CPCCS, se concluyó que las ocho objeciones no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 15 del reglamento de selección, entre los que está demostrar que incurren en una falta de probidad o idoneidad, incumplimiento de los requisitos, o encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones e inhabilidades que constan en la Constitución, la Ley y el reglamento.

Así también, si los escritos no integran requisitos formales como firma de responsabilidad, correo electrónico y número telefónico para futuras notificaciones, copia de cédula del impugnante y la documentación que respalde los hechos.

En la revisión de los contenidos, los impugnantes cuestionaban los fallos judiciales en los que habían intervenido los candidatos en el ejercicio de su actividad profesional, pues se han desempeñado como jueces de tribunales de justicia y en la actualidad, son magistrados de la Corte Nacional de Justicia.

En ese contexto, el argumento para descalificar estos cuestionamientos, que apuntaban a una supuesta falta de probidad e idoneidad, fue que el Consejo de Participación Ciudadana no ostenta la competencia para revisar actuaciones judiciales.

“El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su ley orgánica, no ostenta una competencia de revisión de las actuaciones jurisdiccionales de los jueces, cada función del Estado detallado en la Constitución, señala que contarán con autonomía administrativa y financiera, esto quiere decir que sus actuaciones estarán bajo control de estas mismas funciones o en su defecto, por los mecanismos detallados en la Constitución”, se leyó durante la sesión.

Dicho informe de recomendación se aprobó con el voto de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán; la consejera Sofía Almeida no participó de la plenaria; David Rosero y Javier Dávalos, están en uso de sus vacaciones.

La siguiente y penúltima etapa es la exposición por parte de los tres candidatos de la terna, de sus propuestas de plan de trabajo que aplicarían en el Consejo de la Judicatura en el caso de ser electos a ese cargo.

Para ello, los consejeros resolvieron convocar a una sesión extraordinaria presencial a las 11:00 de este domingo 1 de enero, dando el plazo de un día a Terán, Caicedo y Rivera para preparar sus proyectos de trabajo.

En este acto, los vocales podrán hacerles preguntas y luego se tomarán un receso en el que definirán a quién elegirán para ese cargo, para lo que requieren el voto de mayoría: cuatro de siete consejeros, o por unanimidad.

El reglamento para la selección de esta autoridad, da el término de un día para resolver sobre la designación. No obstante, se prevé consumar el hecho este mismo domingo.

Ello, porque los consejeros Bravo, Rivadeneira y Estupiñán solicitaron licencia sin remuneración para participar en la campaña electoral por los comicios seccionales y del CPCCS del 5 de febrero del 2023, que arranca este 3 de enero y en las que se también se elegirá a las autoridades de gobiernos locales y se votará por el referéndum de ocho preguntas de enmienda a la Constitución.

Además de estos tres consejeros, Rosero y Dávalos también son candidatos a la reelección, aunque hasta el momento, no formalizaban su pedido de licencia sin remuneración, como lo establece el Código de la Democracia.

En esa esfera, ante la previsible ausencia de cinco consejeros, el presidente Hernán Ulloa se anticipa a la posibilidad de no contar con el quorum necesario para continuar con el trabajo institucional, para lo que incluso solicitó a la Asamblea Nacional que posesione a dos vocales varones como consejeros suplentes, de acuerdo con el listado de los resultados de las elecciones del 2019.

El Consejo de la Judicatura se integra por cinco vocales electos por el CPCCS, de ternas propuestas por la Fiscalía General, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Defensoría Pública y de la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado presidirá la institución, según señala el artículo 179 de la Constitución.

Quien sea designado para ese cargo, en representación de la CNJ, relevará de sus funciones a Fausto Murillo, quien asume la presidencia bajo la figura del encargo, luego de que María del Carmen Maldonado renunció a esa dignidad y a la vocalía en febrero pasado. (I)