Jorge Glas termina el año en ‘libertad provisional’, a la espera de audiencias en las que se le defina su pena única y prelibertad

En “libertad provisional”, es decir, fuera de la cárcel hasta que un juez de Garantías Penitenciarias decida lo contrario, y teniendo aún por cumplir tiempo de las dos sentencias en firme por delitos relacionados con actos de corrupción, es como terminó el año el exvicepresidente Jorge Glas. En los últimos cinco años, estos han sido la primera Navidad y el primer Fin de Año que el líder correísta pasó fuera de un Centro de Privación de la Libertad (CPL).

Édison Loaiza, abogado del ex binomio presidencial de Rafael Correa, piensa que de alguna forma han cumplido los objetivos jurídicos planteados para este año; entre ellos, y aunque muchos lo califican de inconstitucional, dice que se logró la salida de Jorge Glas de la cárcel gracias a medidas cautelares por “violaciones a los derechos” de su cliente, principalmente ante la falta de aplicación de la norma en la parte administrativa del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

“Tenerlo afuera de la cárcel es una situación muy justa, de mucha humanidad, por el tema de su salud, más allá de las sentencias que ha tenido por la fuerza de las circunstancias. Como defensores, hemos visto que estas sentencias no corresponden”, señala un Loaiza que ha presentado en este 2022 dos pedidos para que se unifiquen las penas en firme que mantiene el líder correísta por hechos de corrupción ocurridos en la función pública en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.

Jorge Glas busca por segunda vez en el año que en audiencia se le conceda la unificación de penas y así acceder a la prelibertad

La noche del 28 de noviembre pasado, Glas obtuvo una boleta de excarcelación que le permitió salir de la cárcel y pasar a cumplir fuera de ella lo que le resta de sus penas por asociación ilícita y cohecho. La decisión de que Jorge Glas cumpla su pena en libertad provisional —la cual estará vigente hasta que un juez de Garantías Penitenciarias la revoque— la adoptó el juez constitucional de Santo Domingo de los Tsáchilas Émerson Curipallo, al aceptar medidas cautelares autónomas solicitadas.

El hombre fuerte de los sectores estratégicos en el periodo correísta dejó la Cárcel 4, en Quito, hace 33 días para cumplir las medidas cautelares de presentación periódica todas las semanas en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y la prohibición de salida del país. Según Curipallo, su decisión buscó precautelar los derechos del sentenciado, pues, desde su análisis, existía una demora que persiste en el trámite para dar cumplimiento a los beneficios penitenciarios (pena única y prelibertad) que habría solicitado desde hace algún tiempo la defensa del ex segundo mandatario.

El análisis de la pena única que pide Glas debe darse respecto a una condena en firme de seis años de cárcel como autor del delito de asociación ilícita (caso Odebrecht), por la que debe pagar una reparación económica al Estado de $ 7,5 millones; y la sanción de ocho años de prisión, al ser autor mediato por instigación de un cohecho (caso Sobornos) por el que debe cancelar $ 778.224.

Que el exvicepresidente haya salido de la cárcel por dos ocasiones en 2022 sin pagar un solo centavo de reparación económica al Estado, para Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, significa que en Ecuador se han articulado a lo largo del tiempo normas y leyes vinculadas con la estructura del poder, que han estado al servicio de la delincuencia organizada de cuello blanco.

Rodas cree que es indispensable y urgente buscar mecanismos, entre ellos reformar los códigos vigentes, para que este tipo de delincuentes salgan siempre y cuando hayan pagado un porcentaje importante de lo que adeudan económicamente a la sociedad a la que “defraudaron” con sus actos de corrupción en la función pública.

En abril pasado y por 40 días, Glas salió del Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi gracias a un habeas corpus solicitado por la correísta Nicole Malavé al juez de Manglaralto (Santa Elena) Javier Moscoso. Esa sentencia en revisión fue declarada nula por un tribunal de Santa Elena y generó meses después que Moscoso fuera destituido como juez por manifiesta negligencia.

Luego, el habeas corpus de Glas pasó a Quito, donde fue negado en dos instancias. En agosto pasado, el juez de Portoviejo (Manabí) Banny Molina hizo extensivo el beneficio de habeas corpus solicitado por otro detenido para Glas y Daniel Salcedo, sentenciado por casos de corrupción en el sistema de salud durante la pandemia.

La libertad ordenada por Molina no fue cumplida por el SNAI y, en la etapa de apelación, un tribunal provincial de Manabí declaró nulo todo lo decidido. Molina también fue destituido como juez por haber incurrido, según el pleno del Consejo de la Judicatura, en un error inexcusable. Además se le abrió un proceso penal por el delito de usurpación y simulación de funciones.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, piensa que, si se ha dicho que existen conductas irregulares en ciertos jueces, es necesario evaluar a los jueces que han adoptado esas medidas. Así se tendría claro cuáles son los jueces que no están actuando con ética, en derecho, con honestidad, y que esos jueces sean sancionados conforme a la ley y la Constitución.

Saquicela es partidario de que se tienen que reformar necesariamente las normas; por ejemplo, conseguir que, en ciertos delitos de corrupción y delincuencia organizada, los requerimientos legales, los procedimientos para la ejecución de la pena, para el régimen de rehabilitación social, para la libertad, sean más exigentes. “De lo contrario, existen normas que estarían propiciando o dando la posibilidad de que exista este tipo de prelibertades y más, que no solo preocupan al Ecuador, sino a los propios judiciales del país”.

Recurrir al ‘habeas corpus’ fue una constante en la defensa jurídica de Jorge Glas desde el 2017

La audiencia para analizar la pena única fue solicitada por Glas casi de inmediato a que se conoció, el 10 de noviembre pasado, que un tribunal de la CNJ por unanimidad resolvió la nulidad procesal de todo lo actuado dentro del caso Singue, es decir, anuló el fallo de primer nivel de ocho años de cárcel contra el exvicepresidente, quien fue sentenciado junto con seis personas más por peculado.

Aún no existe una fecha en la que se instalará la diligencia, pese a que el 12 de diciembre pasado, por estrategia para hacer que se difiriera la audiencia de unificación de penas, Glas cambió de abogado e hizo que la diligencia se aplazara. Basados en el principio de concentración, Loaiza asegura que pedirán que, cuando se dé la audiencia de pena única, también se resuelva la prelibertad.

De no darse paso al segundo pedido, el abogado del líder correísta indica que con la resolución de la unificación de penas solicitarán una nueva audiencia para que se defina la prelibertad a la que tiene derecho Jorge Glas, según Loaiza, al haber sido condenado con el Código Penal derogado.

Una vez se concrete la prelibertad del exvicepresidente, Édison Loaiza adelantó que se concentrará en analizar los recursos que legalmente le quedan a esa defensa para demostrar la inocencia de Glas.

“Si no le han encontrado dentro de los procesos penales un solo dólar mal habido, significa que efectivamente por la fuerza de las circunstancias fue condenado. Si hubiesen existido tales dineros indebidos o que haya perjudicado al Estado, habrían encontrado la ruta o lo que quieran. Como abogado, estoy totalmente seguro de que él no se llevó ni un solo dólar del Estado ecuatoriano”, refirió. (I)