Federación Médica Ecuatoriana presentó ‘amicus curiae’ ante la Corte Constitucional para exponer rechazo a suspensión de objeción de conciencia en casos de aborto por violación

La Federación Médica Ecuatoriana entregó el pasado 29 de diciembre un oficio en la Corte Constitucional (CC) en el que expresó su pedido para tener una comparecencia ante los jueces en calidad de tercero con interés en la causa, mejor conocido como amicus curiae, para dar a conocer su postura de rechazo a la demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación (Lorive), presentada por colectivos feministas que derivó en la suspensión de la objeción de conciencia que los profesionales de la salud podían alegar para no practicar este procedimiento médico.

Los galenos Wilson Tenorio Mina y Héctor Rosero Tomalá, presidente y secretario de la federación, respectivamente, manifiestan en el documento que solicitan ser oídos en audiencia por el pleno de la CC para expresar su postura.

“Los médicos al graduarnos hemos hecho el Juramento Hipocrático que nos obliga a mantener la vida y a no provocar abortos; y sin perjuicio de la actualización realizada por la Asociación Médica Mundial en el año 2017″, refiere la misiva.

Además hacen énfasis en que en el artículo 103 del Código de Ética Médica del Ecuador, emitido mediante acuerdo ministerial el 17 de agosto de 1992, se prohíbe a los médicos la práctica del aborto y se regulan las excepciones.

Según los médicos, “mantener la suspensión de las normas relativas a la objeción de acción de conciencia mientras se sustancia la inconstitucionalidad -y mucho más en caso de que se acepte la acción- expone no solamente a lo fundamental, a la libertad religiosa del personal sanitario, sino a ser sancionados administrativamente o incluso penalmente por el delito de desatención en el servicio de salud tipificado en el art. 2183 del Código Orgánico Integral Penal con pena de hasta 16 años de privación de libertad.

Subrayan que su pedido es que se revoquen las recientes suspensiones y que se permita a los médicos ecuatorianos ejercer su derecho constitucional a la objeción de conciencia en los casos de interrupción voluntaria de embarazos causados por violación.

En el marco del respaldo que están buscando para su postura, los representantes del gremio junto con otros médicos mantuvieron una reunión este martes, 3 de enero, con la legisladora Geraldine Weber en la Casa Legislativa del Guayas, ubicada en el centro de Guayaquil.

Weber convocó a los profesionales de la salud a participar de la reunión a la que también invitó a Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; Jorge Bucaram, presidente del Colegio de Médicos del Guayas; el excongresista Raúl Ramírez y activistas provida y de derechos humanos.

En la cita, la legisladora socialcristiana resaltó la importancia de la postura que tiene la federación y manifestó que la suspensión hecha por la CC es un abuso de poder y es arbitraria.

“La libertad de los doctores está siendo vulnerada…. los jueces abusivamente está haciendo de las suyas”, apuntó y cuestionó que en estos momentos la CC se esté volviendo un órgano legislativo, cuando su rol solo es interpretativo.

Sobre el tema del aborto, defendió que en el artículo 45 de la Constitución vigente se garantiza la vida desde la concepción y en el 66, que establece la objeción de conciencia.

Gallardo compartió su postura con los médicos y activistas presentes y manifestó que se debe tener en claro que se trata de una suspensión temporal hasta que la Corte haga su dictamen definitivo.

Por su parte, Tenorio comentó que están trabajando en la elaboración de un informe sobre el impacto de la postura de la CC, que esperan hacer público en los próximos días, aunque resaltó que es consciente de los casos de la ruralidad en los que puede haber un solo médico y que en estos momentos, esos profesionales están obligados a acatar lo que dice la Ley.

Mientras, Rosero expresó la preocupación que existe sobre las consecuencias penales, económicas y muchas otras que pueden tener los profesionales de la salud que practiquen este procedimiento obligados por el dictamen de la CC, y que su interés es tener una alternativa inmediata para los médicos que sean objetores.

Al finalizar la cita, Weber garantizó que hará todo lo posible en la Asamblea Nacional para que sean escuchados también en el pleno y que cuenten con el respaldo necesario. (I)