Estuvimos a una tecla de mandar la muerte cruzada, cuenta el ministro Francisco Jiménez al recordar los días del paro nacional

El paro nacional de junio del 2022 se vivió como una suerte de ‘tsunami’ en Carondelet, dice el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al recordar las jornadas de movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros sectores sociales, que confluyeron además con otros dos frentes de desestabilización: la activación del proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional y el inicio del trámite para una revocatoria de mandato.

Las protestas duraron 18 días, al cabo de los cuales se firmó un acta de paz y se instalaron diez mesas de diálogo para viabilizar igual número de pedidos realizados por los manifestantes. Aquí un resumen del relato de esos días en boca del secretario de Estado y su evaluación de las consecuencias.

“Nosotros vivimos el paro como si viniera un tsunami. Sabíamos que había condiciones complejas en el país, donde una serie de fuerzas políticas que estaban intentando desestabilizar la democracia se mezclaron con otras que tenían reivindicaciones populares legítimas, otras que buscaban pescar a río revuelto, y otras que querían implementar una especie de guerrilla urbana. Había de todo, como cajón de sastre…

Los sucesos se engranaron de una forma un poco extraña porque al comienzo parecía que el paro no iba a tener mayor fuerza, pero de repente, de un rato a otro, hubo ciertos detonantes que activaron la presencia multitudinario de gente en las calles, 30.000, 40.000, 50.000 personas en al menos siete u ocho provincias. Algunos dicen que fue la aprehensión del dirigente indígena Leonidas Iza, otros dicen que fueron las agendas que tenían otros grupos sociales en los territorios… Lo cierto es que lo que empezó de manera tenue terminó cogiendo mucha relevancia a partir del tercer día.

Estábamos conscientes de que nos íbamos a enfrentar a una circunstancia difícil que ya había vivido el país en el 2019. Pero teníamos dos cosas claras: que íbamos a evitar por todos los medios un baño de sangre porque no queríamos entrar en un proceso de represión, sino de contención, y que no íbamos a permitir que el Gobierno se arrodille ante nadie como nos pareció que ocurrió en octubre del 2019.

Dentro de esas dos líneas matrices, se estructuró un trabajo que fue liderado con mucha claridad por el presidente de la República: se formó un comité con diez o doce personas que abordábamos los diferentes aspectos del paro (político, social, seguridad, movilización…), que se reunía de forma continua, dos veces al día, haciendo una evaluación de la situación, viendo cómo se movía el asunto… Sabíamos que no iba a ser un tema corto, y que íbamos a estar puestos a prueba al menos dos semanas. ¿Cómo lo supimos? Porque habíamos visto la intensidad, cómo se habían distribuido los actores en el territorio, teníamos información de lo que hacían los movimientos sociales y otros grupos violentos, que estaban activando células por todo el país.

Desde las primeras declaraciones llamamos al diálogo, insistimos en conversar, pero las respuestas que tuvimos fueron negativas. Si revisamos las notas de prensa, unos actores decían públicamente que lo que querían era derrocar al gobierno del presidente Lasso, otros que no tenían nada que dialogar y que querían que se cumplan a rajatabla los diez puntos, otros sostenían posiciones intransigentes y no había terreno para las conversaciones, la negociación y el diálogo. Quizás pensaron que las cosas se iban a producir dentro del mismo esquema de octubre del 2019. Pero teníamos un claro liderazgo y una estrategia. Y sobre todo sabíamos que debíamos tener paciencia, y también el pueblo ecuatoriano.

Nunca dejamos de evidenciar nuestra voluntad de ir al diálogo. Yo estuve en tres intentos de negociación con las partes. Dos fueron fallidos, pero al tercero se concretó con la firma del acta de paz.

El primero fue a través de una embajada que pidió mantenerse en reserva, pero que antepuso sus buenos oficios, y nos reunimos con los dirigentes en su sede; el segundo que no tuvo mayor trascendencia que fue el que impulsó la Asamblea Nacional, y el tercero y definitivo, que fue el auspiciado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En el intermedio hubo varios acercamientos de grupos de la sociedad civil, de entidades como la ONU, la Comunidad Europea, pero fueron tibios y esporádicos.

El de la Asamblea Nacional estaba lleno de cálculo político, de intentos de capitalizar lo que estaba ocurriendo a favor de determinados actores, probablemente del mismo presidente Virgilio Saquicela, porque no nos olvidemos que paralelamente a que se impulsaba esta mediación, también se impulsaba un proceso de destitución del presidente Lasso.

De haber existido los 92 votos para esa destitución, nosotros sí teníamos listo el decreto para disolver a la Asamblea Nacional: no íbamos a permitir que eso progrese. Estábamos preparados para ello, pues además estábamos enfrentando una conflagración de varios frentes: en las calles, aprovechando las protestas; en la Asamblea, impulsado por la bancada correísta de UNES; y en el Consejo Nacional Electoral, con una revocatoria impulsada por grupos vinculados a ciertos partidos.

Hicimos varias consultas en la Asamblea porque no queríamos sorpresas, hicimos un levantamiento de información de cuáles eran las bancadas que estaban a favor y en contra de la destitución. Nunca ofrecimos ningún cargo, simplemente explicamos nuestras razones, no entramos en un intercambio de votos por nada.

El día de la votación (28 de junio), estábamos en el Salón de Gabinete. La seguíamos en pantalla gigante. Fue un momento tenso porque Ecuador estaba decidiendo entre la democracia y la barbarie. Estuvimos a una tecla de distancia de activar el mecanismo de la muerte cruzada si es que las circunstancias lo ameritaban.

A partir del día 14 de paro se empezaron a notar signos de cansancio en ellos y nosotros. Ya llevábamos mucho tiempo en esto, el país estaba hastiado, empezaron los desabastecimientos, en las calles había expresiones de violencia contra los que organizaban el paro. Algunas organizaciones empezaron a buscar la manera de tener espacios de convergencia para que ninguno salga “derrotado” de lo que había sucedido, y nosotros queríamos dialogar con actores legítimos.

Entre el día 16 y 17 se involucra la Conferencia Episcopal, de forma directa, intensa y comprometida, incluso hasta altas horas de la noche, trabajando con las partes en la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz. Iban y venían, de Carondelet y la Basílica, recogiendo ideas. Y así se hizo el documento que se firmó.

El trabajo de esas mesas (que se inició el 13 de julio) que se derivaron de ese acuerdo de paz no fue sencillo; había que superar muchos escenarios de desconfianza mutua. Han sido procesos represados desde que se creó la Conaie en los años 90, nunca hubo un proceso de diálogo continuo, metodológico y serio con el poder público hasta hoy, con el ‘gobierno del encuentro’. Probablemente ellos no estaban tan convencidos de nuestras intenciones, pero desde el día 1 les dijimos que teníamos voluntad de llegar a acuerdos. Pero todo esto toma su tiempo. Los avances son lentos, y los retrocesos rápidos, porque basta una palabra equivocada, un gesto inadecuado, una autoridad que no fue para que todo vuelva a fojas cero. Tuvimos que luchar contra eso los primeros 30 días de las mesas, pero con paciencia y transparencia fuimos avanzando y mostrando que no estábamos allí para hacerle perder el tiempo a nadie, y creo que lo entendieron.

Hubo 218 acuerdos en las mesas. En el tema combustibles, que fue su principal reclamo, se establecieron parámetros muy claros respecto a los subsidios; por ejemplo, que se haya eliminado el subsidio a un sector camaronero de mayor hectareaje fue materia de discusión en las mesas de diálogo y se tomó la decisión. El hecho de que no haya habido una definición de metodología final en cuanto al ahorro en el tema de combustibles no significa que no haya habido avances. En esa mesa hubo al menos seis o siete acuerdos.

Tampoco podemos pensar que en 90 días se podían solucionar los problemas del país, lo que se hizo en las mesas pese a las críticas de varios sectores fue histórico, porque no solo se pacificó un escenario convulsionado sino que se sentaron las bases para este acercamiento entre el sector público y las organizaciones sociales.

Ahora hay diez líderes de mesas encargados de la ejecución de los acuerdos, con el Ministerio de Gobierno, que implementamos una metodología, índices y marcadores que nos permiten ver cuáles están avanzando y cuáles están estancados. La primera evaluación esta prevista para febrero o marzo del 2023”. (I)