Designación de vocal y presidente del Consejo de la Judicatura a poco de cerrarse

Ante una mesa de autoridades, sin autoridades, se presentaron los tres candidatos a ser vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera, para exponer sus planes de trabajo en el caso de ser electos para ocupar ese cargo.

A las once de la mañana de este 1 de enero del 2023, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa, convocó a una plenaria para escuchar a los tres nominados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) exponer sus proyectos por implementar si llegaran a ser electos vocal y presidente del CJ.

Ello, porque de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución, el vocal delegado de la Corte Nacional de Justicia será quien presida el Consejo de la Judicatura. Los otros cuatro vocales provinieron de ternas enviadas por la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública, de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional.

Los tres aspirantes llegaron minutos antes de la hora convocada, pero cuatro de los siete consejeros, y que integran la mayoría, no asistieron hasta el pleno en Quito y escucharon las exposiciones a través de una conexión por Zoom, la cual se inició una hora más tarde.

Mediante la plataforma participaron Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, quienes presenciaron estas audiencias desde sus domicilios en provincias, a propósito de las fiestas de Año Nuevo.

Los consejeros David Rosero y Javier Dávalos se encuentran de vacaciones, y Sofía Almeida no asistió.

Estos son los perfiles de quienes integran la terna enviada por la Corte Nacional al Consejo de Participación Ciudadana

Al instalarse la plenaria, se llamó al podio al juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera Velasco, quien es el último de la terna enviada, pero se lo convocó a comparecer primero sin ninguna explicación.

Varios de los asistentes preguntaron inquietos por qué Rivera era el primero en intervenir, si la terna contemplaba otro orden.

El secretario Santiago Cueva aclaró que no había una disposición que establezca un orden y se cerró el tema.

La intervención se extendió por poco más de dos horas y Rivera se definió como un servidor “judicial desde el vientre de su madre”.

Entre sus principales propuestas presentó un proyecto para proteger la seguridad de los magistrados, frente a amenazas de grupos criminales o debido al tratamiento de causas en casos relacionados con crimen organizado, por ejemplo, que si un funcionario es amenazado lo comunique de inmediato y se le permita trabajar de manera telemática.

Incentivar el cambio dentro de la Función Judicial para el uso de los expedientes electrónicos mediante una política de “cero papeles”; así también, trabajar en grados de empatía de los servidores judiciales para atender a la ciudadanía.

Cree que debe avanzarse en la carrera judicial, incorporar jueces temporales y fomentar la participación de jueces en garantías penitenciarias, pues casi el 50 % de reos que están en las cárceles no tienen “sentencia ejecutoriada”.

La siguiente fue la segunda de la terna, Mercedes Caicedo Aldaz, jueza encargada de la Sala Penal del CNJ, quien empezó resaltando ser oriunda de Los Ríos, “montuvia”, joven de 35 años que, desde los 12 años, “quiere luchar por la justicia”.

Ella arrancó haciendo un diagnosticó: hay una crisis en la Función Judicial, zanjó, por lo que consideró que se requiere una reforma, una “revolución” marcada por la equidad de género, promoviendo que las mujeres ocupen puestos de mando.

“Las mujeres lloramos por dejar a nuestros hijos un 1 de enero para estar aquí y darle la cara al país”, opinó Caicedo.

“Esta postulación tiene rostro de mujer, para garantizar la paridad, la administración requiere reformas con rostro de mujer”, añadió.

A su criterio, la justicia requiere un modelo de reforma ciudadana que podría llevarse a cabo a través de mesas de diálogo, para que los operadores de justicia “entiendan qué está mal en la justicia”, reseñó Caicedo.

Rescató la necesidad de que se decrete la emergencia en la Función Judicial, por las condiciones precarias que enfrentan unidades judiciales de varias provincias del país, así como trabajar en la tecnologización de los procesos judiciales, como crear un aplicativo móvil que permita a los ciudadanos acceder a los procesos con inmediatez y crear el “expediente digital”.

Minutos después de las 15:00 concluyó la exposición de su propuesta y los consejeros empezaron una ronda de preguntas, que se extendía hasta el cierre de esta edición.

El último en participar sería el juez encargado de la Sala Civil y Mercantil de la CNJ y quien figuraba como primero de la terna propuesta por el pleno del máximo organismo de justicia ordinaria, Wilman Terán Carrillo.

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana prevé resolver este mismo domingo la designación de la nueva autoridad, que relevará a Fausto Murillo de su encargo en la presidencia del Consejo de la Judicatura, luego que María del Carmen Maldonado renunció en febrero del 2022.

Esta es la última etapa en este proceso de designación, pues el viernes pasado no se aceptaron a trámite ocho impugnaciones ciudadanas en contra de los tres candidatos, que se argumentaban en la insatisfacción de sus fallos como jueces.

Por ello, el CPCCS las rechazó debido a que no tiene la potestad para ejercer un mecanismo de revisión de sentencias.

Al concluir con esta etapa de la exposición de planes de trabajo, el reglamento para la selección de esta autoridad da el término de un día para resolver sobre la designación. No obstante, se prevé consumar el hecho este mismo domingo.

Ello, porque los consejeros Bravo, Rivadeneira y Estupiñán solicitaron licencia sin remuneración para participar en la campaña electoral por los comicios seccionales y del CPCCS del 5 de febrero del 2023, que arranca este 3 de enero y en las que también se elegirá a las autoridades de gobiernos locales y se votará por el referéndum de ocho preguntas de enmienda a la Constitución.

Además de estos tres consejeros, Rosero y Dávalos también son candidatos a la reelección, aunque hasta el momento no formalizaban su pedido de licencia sin remuneración.

De darse la ausencia de estas cinco vocalías, el presidente Hernán Ulloa se anticipa a la posibilidad de no contar con el quorum para continuar con el trabajo institucional, para lo que pidió a la Asamblea Nacional que posesione a dos vocales varones como consejeros suplentes, de acuerdo con el listado de los resultados de las elecciones del 2019.

El Parlamento deberá resolver su pedido cuando retorne a sus actividades, este 3 de enero, al concluir la vacancia legislativa. (I)