Carlos Marroquín, funcionario del Gobierno de El Salvador relató las experiencias para vencer a las pandillas y bandas criminales en su país.
La inseguridad es el principal problema que preocupa a los ecuatorianos. El incremento de la violencia y el fortalecimiento de los grupos delincuenciales han puesto en jaque al Gobierno de Guillermo Lasso.
A pesar de anunciar hace un año la reapertura de la cárcel La Roca, como una prisión de máxima seguridad, este 4 de abril de 2023 se registró un enfrentamiento entre prisioneros que dejó tres privados de libertad fallecidos.
A diferencia de Ecuador, en El Salvador un modelo de política de seguridad emerge y, a pesar de las críticas que pueden existir por el trato a los prisioneros, sus resultados saltan a la vista.
En el programa Vera a su Manera, Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno de Nayib Bukele, recordó que en los últimos 30 años su país contabilizó más de 100 mil salvadoreños muertos por la violencia generada por las pandilla y “maras”.
Destacó que estas cifras ya no se repiten gracias a un modelo que combate a la delincuencia de las pandillas. “Lo primero que tuvimos que hacer fue combatir la corrupción y la impunidad”, advirtió.
Marroquín se encuentra en Ecuador invitado por la Universidad Espíritu Santo (UEES) como ponente del Seminario de Seguridad Integral que finaliza este 06 de abril en Guayaquil.
Estado y control
Marroquín explicó que el plan integral desarrollado liderado por el presidente de El Salvador, Nayid Bukele, se ha desarrollado en siete fases.
La primera fue demostrar y garantizar la seguridad de los ciudadanos, “demostrándole que es el Estado quien tiene el control y la fuerza de tomar decisiones”.
La siguiente fase fue la reconstrucción del tejido social, abriendo oportunidades para la población. “No solamente tenías que mostrar la parte represiva y punitiva, sino también la fase preventiva, una fase que fuese acompañando la transformación”, puntualizó Marroquín.
El funcionario salvadoreño puntualizó que antes de dar armas a los ciudadanos; como fue anunciado por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, “debes modernizar y equipar a los cuerpos de seguridad, porque si tienes cuerpos de seguridad que viven de forma raquítica, que viven en vulnerabilidad porque son personas de alto riesgo, mejor guardemos todo. La sociedad no cambia de esa manera”.
Explicó que hasta el momento solo han aplicado cinco de las siete fases que comprenden el plan. Detalló que la segunda fase va de la prevención a la generación de oportunidades y de acceso a mejores servicios.
“La fase tres comprende la modernización de los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional y de nuestro ejército, que hacen patrullaje en conjunto”, recalcó.
Según Marroquín en esta fase el Gobierno de El Salvador ha invertido más de $120 millones. “No puedes enviar a la guerra a la Policía y a las Fuerzas Armadas contra pandilleros que estaban armados con alto calibre, no ibas a mandar a nuestra fuerza con pistolas de agua”.
Recordó que durante los primeros meses del Gobierno de Bukele todos sus esfuerzos por adelantar el plan de acción eran bloqueados por la oposición que controlaba el Parlamento.
Para Marroquín, el factor clave para el triunfo de las medidas gubernamentales ha sido “la voluntad política de un Presidente que ha estado liderando la transformación radical del Estado en función de los salvadoreños”.
Articulación y liderazgo
Al extrapolar la situación que durante años padeció El Salvador, con la actual crisis de inseguridad en el país, se explican los altos índices de aceptación que tiene el mandatario centroamericano en Ecuador.
Para los expertos en temas de seguridad Ana Minga y Daniel Pontón, entrevistados por LA HORA, el primer punto fundamental para dar un giro a la crisis sería contar con políticas articuladas en todas las instituciones del Estado y un liderazgo más contundente.
Pontón indica que a diferencia del presidente Lasso, “el liderazgo de Bukele es muy alto, es adicto a la aprobación ciudadana y frente a esa dinámica es mucho más fácil atacar a la delincuencia de una manera más directa”.
A su juicio este tipo de gobiernos lleva al debate lo que es “autoritarismo y libertad”.
Por su parte, Ana Minga, considera que la aplicación de medidas similares en el Ecuador requieren de trabajo y la articulación de las instituciones.
“Allá hay un líder que se pone al frente de todo y que articula a las instituciones. Acá, lastimosamente, tenemos un Presidente que no está liderando al país y no es solo una cuestión de comunicación, es cuestión de contenido político, está disperso”, alertó Minga.
Para la experta en perfilación y comportamiento criminal, Lasso no toma el mando para evitar las crisis y solo responde cuando ya el daño está hecho.
Política transversal
Para el docente de Seguridad y Violencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Daniel Pontón, en Ecuador una de las medidas que deben tomarse es convertir a la seguridad en un “eje transversal”, es decir una política que sea llevada no solo por este gobierno, sino por los que continúen en el futuro.
Al referirse al anuncio del porte de armas regulado, Minga considera que a la medida le faltó planificación. “Debería ser una medida estructural, de qué vale tener un arma si no cambian las leyes. Entonces, le disparó a un delincuente en defensa propia y él puede acusarme por intento de homicidio”, apuntó.
“El presidente puede decir cualquier cosa, pero nadie le va a parar, todo se queda en un discurso porque no hay acción, hay falencias y no se ve un trabajo articulado con las instituciones”
Ana Minga, especialista en temas de seguridad.
Sancionado por EE.UU.
Carlos Marroquín es el director de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno de Nayib Bukele. Formó parte del equipo de Gobierno que encabezó las conversaciones con la pandilla ‘Mara Salvatrucha-13’, que generó un acuerdo de paz, que luego fue rotó y que fue el generador de la muerte de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
Marroquín fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos en diciembre de 2021 al ser acusado de actos de corrupción y por sostener encuentros con las bandas y grupos delincuenciales de El Salvador.
