El déficit fiscal para 2023 se proyecta en $2.600 millones. Esa cifra corresponde precisamente al aumento en gasto social y obras. Todo se financiará con más deuda de multilaterales.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, reconoce que la inestabilidad política, generada desde la Asamblea Nacional, equivale a “ponerle un palo en las ruedas a la producción y la economía nacional”.
Pero, ante ese escenario, el funcionario asegura que la estrategia del Gobierno es acelerar y profundizar el gasto social y la inversión en obra pública.
Arosemena reivindica que durante todo 2023 se destinarán alrededor de $2.000 millones adicionales en los presupuestos del frente social (educación, salud, inclusión económica y social, entre otros).
Además, hace un poco más de una semana, ya se anunciaron $600 millones adicionales para obra pública, sobre todo en temas viales.
Este mayor gasto, que suma alrededor de $2.600 millones, coincide con el déficit fiscal (más gastos que ingresos) que proyecta la administración de Guillermo Lasso para este año.
“Esto se financia con recursos de organismos multilaterales principalmente. Los ingresos petroleros y tributarios no alcanzan”, puntualizó Arosemena.
Así, el Ministro de Economía apunta a que el orden fiscal, y el cierre exitoso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), le da espacio al Gobierno para levantar más recursos de los multilaterales al 2% y 3%; mientras el riesgo país, fomentado por la inestabilidad política, pone el financiamiento por otros medios en más del 16% de interés.
Al inicio del actual Gobierno, el endeudamiento público superaba el 61% del Producto Interno Bruto (PIB); pero según Arosemena, se cerrará 2023 en el 55%.
Esto significa pedir menos deuda para pagar obligaciones pasadas y tener más espacio para endeudamiento en otros fines productivos y sociales.
“Hemos sembrado orden social para poder cosechar mayor inversión en lo social y obra pública. La economía no está terminada de ordenar. Es un proceso permanente. Antes, el malgasto se tapaba con deuda cara y a corto plazo”, afirmó Arosemena.
Recuento de obras
“Está claro que cualquier politiquero que dice que no hemos hecho ninguna obra le está mintiendo descaradamente a la gente”, dijo el ministro de Economía.
Como prueba de eso, el funcionario ha dado como ejemplo obras hechas como el Hospital general de Manta ($33 millones); Hospital de Bahía de Caráquez ($36 millones), avenida casuarina, en Guayaquil ($11 millones); aeropuerto de Manta ($30 millones), Unidad Educativa José Joaquín Olmedo, en Guayaquil ($7 millones), vía puerto al aeropuerto de Manta ($2 millones), centros de salud ($3 millones); infraestructura educativa (más de $40 millones), entre otras.
Además, asegura que están ejecución otras obras como el corredor Chingón Santa Elena ($42 millones); carretera Las Golondrinas, en Imbabura ($59 millones); carretera Baeza-reventador, en Sucumbíos ($18 millones), carretera Pedernales-Rocafuerte ($26 millones), paso lateral en Guaranda (más de $47 millones), carretera Latacunga-La Maná ($19 millones), entre otros.
En un principio, el Plan Anual de Inversiones se fijó en $1.871 millones; a los que se deben sumar $600 millones adicionales.
Aunque no se llega a las cifras de más de $4.000 millones o $5.000 millones de la década correísta. Andrés Romero, economista, puntualizó que se debe tomar en cuenta que gran parte de esos montos se iban en sobreprecios, obras que en poco tiempo necesitan reparaciones importantes, e incluso cifras importantes de gasto corriente escondido.
“En el Gobierno de Lasso, cuando todavía era ministro Simón Cueva, se sacó de los presupuestos de inversión alrededor de $1.500 millones que en realidad eran gastos de sueldos. Ese nivel de distorsiones existía en los montos de inversión pública”, explicó Romero.
El aspecto que sí está pendiente, pero no solo en el Gobierno central, sino sobre todo en los gobiernos locales, es mejorar los niveles de calidad y de ejecución.
En el caso de los gobiernos locales, se reciben más de $3.800 millones de transferencias al año, pero los resultados en obras son deficientes. Así, por ejemplo, Quito cerró 2022 con el 65% de ejecución presupuestaria. (JS)
El total del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023 supera los $31.500 millones.
Sin microeconomía no existe macroeconomía
“Cuando nos ocupamos de la microeconomía, la macro se cuida sola. El mejor pulso de la economía son las ventas; esa es la sangre de la economía”, dijo Pablo Arosemena, ministro de Economía.
Desde el Gobierno, se considera que sí se ha impulsado la microeconomía o el bolsillo de los ciudadanos a través de varias medidas.
Por un lado, está la inyección de alrededor de $6.222 millones en créditos a la base de la pirámide productiva. Esto a través de BanEcuador, Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional (CFN), Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips).
Además, también se resalta la reducción de impuestos, entre ellos el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que este 2022 cerrará en 2%.
Arosemena finalmente recalcó que los bonos y ayudas sociales, con un gasto de alrededor de $1.400 millones, benefician a 1,9 millones de personas. Esto significa casi duplicar el millón de beneficiarios que se registraban antes del actual Gobierno.
“Tienes inestabilidad política desde la Asamblea, pero por el otro lado, tenemos una economía que vamos a seguir fomentado e inyectando más recursos a través de gastos sociales, obra vial y seguridad. A esto se suma, reducción de impuestos y reglas claras”.
Pablo Arosemena
Ministro de Economía
