La vocal Barreno denunció a Salazar por violencia de género debido a las investigaciones que la Fiscalía están llevando a cabo en su contra por temas como tráfico de influencias y obstrucción de la justicia.
El pasado viernes 16 de septiembre de 2023, la teniente política de la parroquia de Nayón, en Quito, Nancy Ruíz, de otorgó medidas administrativas de protección inmediata a favor de la vocal del Consejo de Judicatura (CJ), Maribel Barreno, y en contra de la fiscal general Diana Salazar.
El objetivo de esta medida de protección es supuestamente detener o prevenir la violencia contra la funcionaria de la Judicatura.
En el documento, Ruíz, prohíbe al “agresor” (Diana Salazar), por sí o por terceros, generar acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia (Maribel Barreno) o de cualquier integrante de su familia. También se dispone la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos de alerta en la vivienda de la mujer víctima de la violencia.
La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó, mediante un comunicado oficial esta decisión de la teniente política de la parroquia de Nayón.
Además, se la califica de ilegal y se asegura que el ejercicio de las atribuciones que ostenta el ente persecutor oficial del Estado, como el procedimiento de notificación de inicio de una investigación previa, que por mandato legal le corresponde cumplir, de ninguna forma constituye algún tipo de violencia de género, pues claramente este concepto no engloba el ámbito del ejercicio de las funciones y competencias constitucionales que posee la Fiscalía.
La Fiscalía anunció que al no estar sustentada en derecho la resolución de Ruíz, la institución solicitará al órgano jurisdiccional la respectiva revocatoria.
La notificación a Salazar fue hecha la tarde del viernes y constituye un capítulo más dentro del proceso iniciado el pasado 28 de abril de 2023 cuando la fiscal Salazar anunció la formulación de cargos por el delito de tráfico de influencias contra los vocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhaya.
Los dos vocales de la Judicatura y el juez son parte de una investigación previa abierta el 15 de junio de 2022. La investigación se sustenta en audios filtrados en los que el vocal Morillo, en presencia de la vocal Barreno, pide apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejos, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para así salvarla de sus destitución.
Además del caso por tráfico de influencias, Barreno ha sido notificada del inicio de una investigación por el delito de obstrucción de la justicia.
La fiscal Salazar ha pedido a la Corte Nacional de Justicia el establecimiento de fecha y hora para formular cargos contra Barreno, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, el también vocal Xavier Muñoz y otros cinco funcionarios de ese organismo.
La vocal de la Judicatura aún no se ha pronunciado públicamente sobre este recurso contra la Fiscal General.
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