Participación. Cada año se realiza una marcha por el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo.
Las organizaciones feministas y de mujeres han concretado avances históricos en materia de derechos. Sin embargo, el Estado aún tiene una deuda histórica.
En pleno 2023, ningún país del mundo puede decir que ha alcanzado la igualdad de género. Sin embargo, los movimientos feministas y de mujeres tienen permanente presencia en las calles y buscan ser parte activa para promover criterios que permitan la toma de decisiones a nivel gubernamental.
Ecuador no está apartado de estas representaciones sociales que han logrado hitos a favor de las mujeres. “Esto pese a las críticas que suelen surgir sobre el feminismo”, dice Doris Moreira, activista y psicóloga.
Para ella siempre hay “quienes ven desde lejos la realidad”, argumentando que hay poca conciencia de lo poderosas que son las marchas y los plantones. “He oído a gente decir que qué ganamos, como si las luchas se las ganara de un día para el otro”.
De hecho, un estudio de Harvard y la Universidad de Estocolmo –citado en la BBC– descubrió que las protestas que se dan en las democracias occidentales no suelen resultar en cambios inmediatos de políticas.
David Graeber, investigador de London School of Economics, ha señalado que esto responde a que existe una sociedad de la inmediatez.
“Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, así que a menos que la legislación cambie al día siguiente tendemos a pensar que las protestas han fracasado. Por supuesto que no”, señala Graeber.
Esta no es una actitud de excusa de un país. De hecho existe el término ‘escépticos de las protestas’, que nació a principios de 2003, luego de que cerca de un millón de personas tomaron las calles de Londres para pedirle al gobierno que no participe en la guerra de Irak, sin tener éxito.
Pero Moreira afirma que la historia es el espacio en que se ven los resultados de “la lucha feminista” y señala que los frutos que se han obtenido son gracias a los años de presión social.
Un ejemplo es la despenalización del aborto en casos de violación que se aprobó en abril de 2021, tras ocho años y tres periodos presidenciales.
Pero la despenalización del aborto en casos de violación, que evita que niñas y mujeres –víctimas de violencia sexual– sean obligadas a ser madres, no es el único derecho por el que colectivos y la sociedad civil han luchado en los últimos años.
Tipificación del femicidio
Desde agosto de 2014, el asesinato de mujeres por odio al género está tipificado como femicidio, en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La fiscal de entonces, Tania Moreno, especializada en investigar casos de delitos contra la violencia de género, destacó la conquista que ha logrado “este grupo de mujeres (colectivos feministas), que la vemos reflejada en las leyes”.
Tras diversos plantones y marchas ante el aumento de muertes de mujeres, principalmente propiciadas por sus parejas o exparejas, la tipificación del feminicidio se convirtió en la primera ley de protección a la mujer en Ecuador.
Ley de prevención y erradicación de violencia
En noviembre de 2017 se aprobó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres.
La Ley llegó tras años de lucha de las organizaciones feministas y de mujeres que pedía que la legislación, además de sancionar la violencia de género, la prevenga.
Violencia obstétrica
La denuncia de Jéssika a sus 27 años, con el apoyo de colectivos feministas, permitió que, en 2019, la Corte Constitucional emitiera una sentencia por violencia obstétrica.
En 2011, Jéssika iba a dar a luz a su cuarto hijo y acudió a hacerse los chequeos médicos en el hospital provincial del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) Regional 9, en Machala, pero su experiencia fue traumática.
El juez ponente, Ramiro Ávila Santamaría, ratificó que hubo violación de derechos a la atención prioritaria y a la seguridad social; y confirmó que Jéssika fue víctima de violencia obstétrica. Con la sentencia se dispuso que el Ministerio de Salud elabore una guía de humanización del parto.
Pese a esto, las leyes, dice Rosa María Mendoza, abogada especializada en familia, se leen bien en el papel, pero no aplican. “Solo en 2018, el gobierno de Lenín Moreno redujo a más de la mitad el presupuesto para la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia”.
También ve con preocupación que pese a que el aborto es legal en casos de violación, “el Gobierno no hace promoción de este derecho, porque el mismo Presidente (Guillermo Lasso) se ha opuesto a llamarle derecho y ha puesto trabas sobre el reglamento”, agrega.
Mujeres de la CONAIE aclaran si su participación en la marcha del 8 de marzo es una puerta a un paro nacional
“El feminismo no muerde, el machismo mata”.
Marcela Legarde, académica, antropóloga e investigadora mexicana, especializada en etnología.
