Ayer, el Presidente Lasso asistió a la posesión de Lula Da Silva.
En 2023, la diplomacia ecuatoriana tendrá que vérselas con una región dividida, potencias en disputa y el problema transnacional de la seguridad. Esto cuando resulta improbable una metamorfosis radical como vivimos en el pasado.
En medio de un mundo que luce incierto, las alianzas y prioridades de Ecuador —en contraste— resultan muy claras en este nuevo año que empieza.
Tanto el perfil del gobierno actual, como la relación personal entre el presidente Guillermo Lasso y su par norteamericano Joe Biden, han dado pie a una relación muy cercana con los Estados Unidos.
Como resultado de ello, Ecuador recibió una cantidad inusitada de visitas de funcionarios norteamericanos de alto nivel y ha terminado convertido en uno de los principales aliados en la región.
En 2023, Ecuador podría beneficiarse del apoyo de los Estados Unidos en diferentes ámbitos. En su visita, las autoridades del Comando Sur expresaron su interés en reducir la influencia de potencias extracontinentales en la zona. Para que eso sea posible, debería producirse un aumento de la inversión estadounidense en Ecuador —que se ha mantenido crónicamente baja y sin participar en ningún gran proyecto desde hace casi dos décadas— y la consolidación de un acuerdo comercial, especialmente ahora que China, gracias al auge del camarón, ha destronado a Estados Unidos como el primer socio comercial del país en exportaciones no petroleras.
El gobierno del presidente Biden ha prometido, asimismo, un aumento en los fondos de cooperación direccionados por medio de la USAID, algo que seguramente emularán diferentes organizaciones no gubernamentales estadounidenses. Igualmente esperanzadora resulta la cooperación que la justicia de EE.UU. pueda prestar a la ecuatoriana, en un año en el que se espera —en Estados Unidos— el desenlace y las derivaciones de los juicios del excontralor Carlos Pólit y del ex encargado de negocios internacionales de Petroecuador Nielsen Arias, y la culminación del caso Las Torres —nacido del trabajo de la justicia estadounidense—.
La cooperación internacional se torna determinante también en el ámbito que más preocupa hoy a los ecuatorianos, la seguridad. El urgente mejoramiento en equipamiento de la fuerza pública y en tecnología que permita el control e interdicción de puertos, fronteras y espacio aéreo depende de que se concreten acuerdos entre gobiernos —de Estados Unidos, Europa e Israel—.
El país depende, igualmente, de la buena voluntad de Colombia para llevar a cabo un control más efectivo de la frontera que impida el ingreso de la cocaína en aquel país —cuya producción ha alcanzado un récord histórico de casi 1.500 toneladas—.
Igualmente urgente es la cooperación de Perú y de los Estados Unidos para controlar la venta y el ingreso de armas, munición y —en el caso peruano— explosivos, un esfuerzo sumamente complejo debido al diferente marco legal que rige sobre la comercialización de dichos productos en cada país.
Con respecto a la seguridad, el gobierno de Guillermo Lasso ha expresado su esperanza de que Estados Unidos asuma también su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico por medio de un aporte de 5 mil millones de dólares.
Por último, Ecuador enfrenta también la llamada ‘Marea Rosa’ que recorre la región, el retorno de los gobiernos de izquierda al poder. Las principales economías de Iberoamérica —Brasil, México, Argentina y Colombia— están en manos de gobiernos de izquierda, así como muchos otros países, entre ellos dos de los más icónicos representantes del liberalismo en el pasado reciente —Chile y Perú—.
Las cosas han cambiado mucho, tanto en el continente como en el mundo, durante las últimas dos décadas, por lo que resulta improbable una metamorfosis radical como la que vivieron Venezuela y Ecuador en el pasado — evidencia de ello es el fracaso del proyecto constitucional de Gabriel Boric—.
No obstante, no se puede subestimar el efecto que puede llegar a tener en Ecuador el gobierno de Gustavo Petro —adversario declarado del sistema político colombiano que engendró la Constitución de 1991— o una renovada influencia brasileña —expresada en inversiones empujadas desde el gobierno de Lula por medio del BNDES u organismos similares, como ya se vio en el pasado—.
Hasta el momento, esta fractura ideológica regional ya le ha pasado una factura importante a Ecuador: la negativa del gobierno de López Obrador —fiel a su ideología proteccionista y nacionalista— a abrir su mercado al banano y el camarón ecuatorianos ha impedido la consolidación del acuerdo comercial y, por lo tanto, imposibilita el ingreso a la Alianza del Pacífico.
Igualmente, el gobierno mexicano continúa con su política de asilo a los prófugos del correísmo y de financiamiento de su propaganda. Queda también la duda de si, conforme arranca la ofensiva rusa en Ucrania y se profundiza el conflicto en aquel país, surgirán mayores exigencias de parte de la comunidad internacional de cortar lazos con Rusia; esto tendría graves consecuencias para Ecuador, que exporta cerca de 500 millones al año y es —junto a México y Brasil— uno de los principales socios de dicho país en la región.
La gran interrogante que deja la nueva configuración regional es: cuánto influirá esta en la política interna del país, tanto por medio de los canales legítimos —educación, propaganda, oenegés, diplomacia— como de los desleales —financiamiento no declarado, acuerdos bajo la mesa, corrupción—.
De todas maneras, Ecuador tiene cartas importantes ante el mundo en 2023; ojalá sepa jugarlas bien. (DM)
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