El sistema de pensiones necesita reformas urgentes para que el déficit no siga creciendo. El proyecto presentado por la comisión técnica apunta a que nadie se quede sin jubilación.
Solo 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) está afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El 60% restante incluye a dos poblaciones muy diferentes.
Por un lado, más de dos tercios de ese 60% está constituido por trabajadores informales de ingresos bajos, los cuales en general quisieran afiliarse, pero no pueden.
Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con corte a junio de 2023, el ingreso medio en el mercado laboral ecuatoriano es de $405,1 para las mujeres y de $477,9 para los hombres.
Según la comisión técnica, que acaba de presentar al Gobierno de Guillermo Lasso un anteproyecto de ley para reformar el sistema de pensiones en Ecuador, un poco más de 3,3 millones de personas con empleo en Ecuador transitan frecuentemente entre la informalidad y la formalidad, por lo que su condición de pobreza y vulnerabilidad coarta su capacidad de acumular el mínimo requerido de años de aporte.
“En consecuencia, tienden a volverse receptores de las pensiones asistenciales antipobreza que administra el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)”, aseguró la comisión.
En ese contexto, el proyecto de ley, que salió como resultado de alrededor de siete meses de trabajo y reuniones con varios sectores de la sociedad, se enfoca en reformas en tres pilares:
Dos de esos pilares tienen que ver con el sistema de reparto (Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte del IESS) y los Planes de Ahorro para la Vejez, que son contributivos. En otras palabras, se financian con aportes de empleados y empleadores y, en el caso del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, también con la “contribución obligatoria del Estado”.
El tercer pilar es el no contributivo. Se financia por vía de impuestos generales y otorga pensiones asistenciales antipobreza focalizadas en adultos mayores vulnerables.
De acuerdo con la comisión, los recursos que el Presupuesto General del Estado (PGE) destine al sistema de pensiones no pueden ir solamente al régimen contributivo; deben destinarse también al régimen no contributivo, pues en él se concentra el mayor riesgo de pobreza extrema en la vejez.
Pero, para que se pueda destinar un mayor porcentaje de recursos a asegurar un ingreso mínimo para los ecuatorianos que no pueden aportar al IESS, se deben establecer medidas para que más personas que sí pueden, pero no quieren aportar, se vuelvan parte del sistema.
Atraer a los independientes
El tercio del 60% de la fuerza laboral no afiliada está constituido por trabajadores independientes formales (tienen RUC), los cuales tienden a percibir mejores ingresos, que típicamente varían mes a mes.
Este último grupo de trabajadores—que laboran por cuenta propia, facturan, pagan impuestos y son freelancers—constituirá un porcentaje cada vez mayor de la fuerza laboral como resultado de los profundos cambios que la digitalización y globalización están produciendo en el mercado laboral.
“Se trata de una población que en general puede (y debería) afiliarse, pero no quiere hacerlo porque teme que el IESS sea incapaz de pagar pensiones en el futuro y no les interesa afiliarse al seguro de salud del IESS por la deplorable calidad de sus servicios”, recalcó la comisión.
Por eso, el proyecto de ley entregado a Lasso establece, entre un paquete de alrededor de 15 medidas importantes, temas como la obligación de tener carné de afiliación para sacar o renovar el RUC y afiliación obligatoria de los trabajadores autónomos.
Esos autónomos e independientes deberán aportar el 11,6% de sus ingresos (hasta un máximo de $8.000 al mes) al fondo de pensiones; pero no estarían obligados a afiliarse al seguro de salud del IESS si tienen un seguro de salud privado.
También, la propuesta de la comisión, que es la única en su tipo en más de 20 años, busca establecer un sistema de ahorro paralelo para la jubilación utilizando el existente fondo de cesantía, cambiando el sistema de jubilación patronal y la forma de ahorrar los llamados fondos de reserva.
En concreto, según Carlos Rodríguez, abogado laboral y con especialización en temas de seguridad social, la meta es asegurar una jubilación mínima y completarla con un esquema de ahorro individual robusto.
Para revisar a detalle el anteproyecto de ley; así como las recomendaciones de la comisión técnica, se puede acceder a la página oficial de jubilación segura Ecuador. (JS)
No existen soluciones milagrosas
Pablo Lucio Paredes, economista y miembro de la comisión técnica que elaboró el anteproyecto para cambiar el sistema de pensiones del IESS, explicó que toda reforma implica cosas que nos gustan y no nos gustan, “pero lo que sí no es cierto es que existan soluciones milagrosas como las que dicen que basta con cobrar la deuda del Estado y disminuir la corrupción en el IESS para resolver el problema”.
De acuerdo con Lucio Paredes, la meta principal de las reformas propuestas es que los jóvenes en el futuro no se queden sin jubilación porque se continúe con un sistema insostenible.
“Entre ecuatorianos ojalá discutamos este tema y en el futuro cercano, es decir, en alrededor de un par de años, tengamos un mejor sistema de jubilación aceptado por todos”, recalcó Lucio Paredes.
Esto último en referencia a que el Gobierno actual no se ha comprometido a enviar el proyecto como decreto económico urgente antes de dejar el poder en diciembre de 2023.
En este escenario, tanto el Gobierno de año y medio que asuma a finales de 2023, como el que llegue en mayo de 2025, deberán continuar el debate y construir una propuesta definitiva para salvar al IESS.
