La vida útil del relleno de El Inga es menor a dos años.
Emgirs debe expropiar un terreno que pertenece a DuraGas, empresa privada que advierte que enterrar la basura en este espacio representa un riesgo para el ambiente y la seguridad, por la mezcla de gases.
La vida útil del relleno sanitario de El Inga, a donde llegan las 2.200 toneladas de basura que a diario genera Quito, tiene los meses contados.
Según la Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs), el relleno puede extender su operatividad hasta el 2024, siempre y cuando se realicen dos acciones: la construcción de una celda emergente, que permite dar tiempo, para que se abra un nuevo y último cubeto en el Inga. Después de eso, Emgirs debe buscar otro espacio para depositar la basura.
Sin la celda emergente
La celda emergente 12 aún no existe. Su construcción tomaría cuatro meses. Mientras que las áreas aprovechables del relleno (espacios que se abren para seguir depositando basura) servirían solo hasta junio de 2023, según Maricruz Hernández, gerente general de Emgirs, en una entrevista en diciembre de 2022.
Actualmente, Hernández dice que los espacios aprovechables tienen un poco más de seis meses, pero que lo óptimo no es seguir presionando el relleno, sino tener la celda que le daría “un respiro”. La no construcción está atada a un problema legal con una empresa vecina del relleno: DuraGas.
Advertencia de riesgos ambientales
Para la nueva celda, Emgirs planea expropiar un terreno, de tres hectáreas, que le pertenece a Duragas.
La nueva celda quedaría, pared con pared con la planta de envasado y almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la parroquia de Pifo, en Quito.
Carlos Alberto Cabezas, gerente legal de DuraGas, señala que la mayor parte de este terreno corresponde a la “zona de amortiguamiento” que separaba a la planta de Duragas del relleno sanitario El Inga.
Con la expropiación hay un “inminente riesgo ambiental y de seguridad”, indica Cabezas, por la mezcla de gases generados por ambas empresas: metano y gas licuado.
Acción de Protección
La expropiación del terreno la impusló Emgirs en septiembre de 2022, un mes después, DuraGas presentó una acción de protección por la violación de tres derechos constitucionales: seguridad jurídica, propiedad y motivación de las decisiones del poder público.
La jueza negó la acción de protección y la decisión fue apelada. Actualmente, están a la espera del pronunciamiento de la Corte Provincial.
Cabezas explica que la motivación para presentar la Acción de Protección no es el terreno, sino que Emgirs no ha presentado estudios ambientales que sustenten que no habrá peligros debido al choque de gases. De hecho, el 25 de julio de 2022, el Ministerio del Ambiente indicó que Emgirs no ha presentado ningún estudio técnico referente a la construcción de la celda número 12.
Hernández indica que sí hay tales estudios, pero que no los han presentado porque no han tomado posesión del terreno, ya que están a la espera del pronunciamiento de la Corte Provincial (son cerca de dos meses de espera).
Para Cabezas, lo dicho por Hernández es una contradicción y advierte– que muchos de los terrenos donde se han construido los cubetos del relleno sanitario no pertenecen a la Emgirs.
Hernández, afirma que el terreno es apto, pues antes de la declaración de expropiación, el departamento ambiental de Emgirs hizo estudios técnicos, económicos y ambientales.
También indica que según los estudios, los impactos ambientales se minimizarán de dos maneras: con la recolección de gases generados por la disposición de desechos sólidos que se convierten en energía eléctrica y con la recolección de lixiviados por medio de tuberías, para ser trasladados a piscinas de almacenamiento.
Hernández tilda como “irresponsables” las afirmaciones de Duragas sobre un riesgo de explosión, si se construye la celda 12 de emergencia. Agrega además, que lo más óptimo para la ciudad es depositar ahí la basura, mientras se construye el cubeto 11.
