PLANTÓN. Abogados de Pichincha protestaron en el Complejo Judicial el miércoles 12 de julio de 2023.
Santiago Aráuz habla de un “estrangulamiento total” por la reducción sistemática del presupuesto que data de los últimos diez años.
La crisis en la función judicial por falta de recursos económicos continúa, y ya empieza a generar una doble preocupación.
El Colegio de Abogados de Pichincha se sumó al pedido del Consejo de la Judicatura (CJ) para que el Ministerio de Economía asigne presupuestos para solventar requerimientos que permitan agilizar, por ejemplo, el trámite de citaciones judiciales o la modernización del expediente electrónico.
Este 12 de julio de 2023, los profesionales del derecho se autoconvocaron en un plantón en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito donde, si bien el reclamo se dirigió a las autoridades de la Judicatura que es el ente que los registra, las demandas también apuntaron al Ministerio de Economía.
“El Gobierno tiene que entregar el presupuesto para que la Justicia pueda seguir avanzando; la falta de recursos está afectando al sistema judicial”, afirmó Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.
Mientras los gremios de abogados han entrado en un estado de alerta para que se cumplan sus demandas, la crisis en la Función Judicial ha llevado a la detención de los procesos de adquisición, contratación de personal o para nueva infraestructura.
“Estamos doblemente estresados por la situación que vive esta función del Estado; el único problema es que no tenemos presupuesto, el Ministerio de Economía no nos entrega nada de presupuesto, no podemos comprar ni un auto”, alertó Santiago Arauz, director de la Judicatura de Pichincha. Dijo que incluso hay meses que no tienen dinero ni para comprar gasolina. “No tenemos dinero para contratar un citador, ni secretario, ni nada”, expresó.
De un presupuesto de $56 millones solicitado al Ministerio de Economía para la Judicatura de Pichincha, al 30 de junio se han ejecutado $29 millones. Hasta fines de mes requieren que se desembolsen $2’300.000 para cubrir los contratos de servicios, arriendos, limpieza, luz, agua, teléfono e internet, que están por vencer.
‘Parque automotor obsoleto’
El parque automotor en la provincia está compuesto por 23 vehículos, que ya están obsoletos. “Las llantas son reencauchadas y, por suerte, hay unos pocos limpiaparabrisas”, dijo el funcionario. Solo ocho vehículos están operativos para notificar con las citaciones judiciales a los sujetos procesales.
Cree que lo ideal sería contar con unos 50 vehículos para el perímetro urbano, y para el rural al menos 20. Mientras que de 100 citadores que se necesitarían, solo hay 23.
Cada semana ingresan al menos 4.000 causas para el correspondiente proceso de citación. Desde enero están represadas 15.000 y en trámite hay alrededor de 5.000 para que sean procesadas por los citadores. (SC)
‘Estrangulamiento’ data de los últimos 10 años.
Desde junio de 2023 ya no forman parte de la nómina de Pichincha once personas que debieron dejar la función por destitución o renuncia voluntaria. Para reemplazar esas vacantes se enroló a un número similar de servidores.
“Pero desde el Ministerio de Economía no hay posibilidad de que se extienda o se abra el presupuesto para contratar a nadie; hay una manera arbitraria de asignar los fondos para dotar de un servicio eficiente”, afirmó Arauz.
La Judicatura de Pichincha necesita alrededor de 180 personas entre ayudantes judiciales, gestores de archivo, técnicos de ventanilla y por lo menos 50 jueces. Santiago Arauz aseguró que no cuentan con recursos para presupuestar estas partidas y habló de un “estrangulamiento total” por la reducción permanente y sistemática del presupuesto que data de los últimos diez años.
Tampoco cuentan con partidas presupuestarias para implementar proyectos de modernización, entre ellos la digitalización de los procesos en el área administrativas las citaciones por medio de plataformas digitales a través de Sistemas de Geoposicionamiento Satelital (GPS), compra de carros eléctricos, contratación de fedatarios y citadores para los jueces o secretarios no imputen la nulidad de citaciones. “Lastimosamente estos proyectos han quedado en cero porque no tenemos ni un dólar”.
Los dineros que ha entregado Finanzas han sido para “apagar incendios”, que no permite iniciar con programas pilotos de modernización, advirtió Arauz.
Según el Consejo de la Judicatura, hasta el 11 de julio de 2023 y pese a la falta de recursos, se generaron 221.604 citaciones en todo el país.
“Estamos haciendo lo humanamente posible con lo que tenemos, pero ya no damos más”
Santiago Aráuz, director de la Judicatura de Pichincha.
