Integrantes de la terna expusieron su plan de trabajo. La sesión se reinstalaría a las 18:00 de este lunes 2 de enero de 2023.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), delibera sobre la designación del nuevo vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) que presidirá el organismo.
Por más de seis horas, Hernán Ulloa (presidente), María Fernanda Rivadeneira (vicepresidenta), y los vocales Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, escucharon en una sesión virtual de pleno, este 1 de enero de 2023, los planes de trabajo que ejecutarán los integrantes de la terna Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera en caso de elegidos.
Aunque la lista de candidatos que remitió al Cpccs el pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el 16 de diciembre de 2022, estaba encabezada por Terán, las exposiciones sobre el plan de trabajo que entregaron personalmente en la sede del Cpccs, iniciaron con Rivera, le siguió Caicedo, y finalmente le dieron la palabra a Terán.
ALTERNATIVA PARA JUECES
Si los jueces y fiscales no tienen seguridad no existirá transparencia en sus decisiones, dijo Rivera, y aunque en la actualidad, en el CJ existen protocolos de seguridad para el servidor judicial que se siente amenazado, no se dan cumplimiento.
“La seguridad va de la mano de la transparencia. Si el juez no tiene el apoyo del Estado ¿cómo puede ser transparente en sus decisiones?, ¿cómo puede administrar justicia un juzgador que recibe amenazas?, cuestionó.
Insistió que las intimidaciones a los servidores judiciales son evidentes. “No podemos tapar el sol con un dedo; jueces y fiscales están sufriendo por las amenazas del crimen organizado”.
Esgrimió que, de ser electo vocal principal, apenas se conozca que un juez o fiscal ha recibido amenazas, “inmediatamente” se autorizará el teletrabajo.
AMENAZAS LLEGAN A CNJ
En su intervención, el candidato a vocal, reveló que incluso el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, que integra la Sala Penal, también ha recibido amenazas de grupos delincuenciales, y hasta el momento no cuenta con protección del Estado.
“El crimen organizado no nos puede encontrar desorganizados, ni desarticulados, debemos ser más drásticos, tenemos que dar prioridad a este drama y no ponernos en los pies como estuvo Colombia hace tres décadas con el argot criminal plata o plomo”.
CAICEDO: «REFORMA DIGITAL»
“Necesitamos una reforma urgente de la administración de justicia; la actual es caótica”, dijo Caicedo.
Sin mencionar nombres, alertó que ciertos operadores de justicia ejercen activismo judicial, son jueces parcializados y actúan bajo presión mediática, denunció.
Comentó que esto ha provocado que, la sociedad no crea en la justicia que registra niveles de credibilidad que bordea el 7 y 12%.
Por ello, habló que necesidad de trabajar para incorporar reformas enfocadas en nuevas tecnologías de investigación, de acceso a la información que permitan acercarse a la ciudadanía.
“No podemos avanzar si la delincuencia avanza en tecnología; no se puede hacer mucho si en la Judicatura no existen sistemas adecuados y mecanismos para generar expedientes electrónicos”, expuso.
En su plan de trabajo también consta la digitalización de la información de las declaratorias jurisdiccionales previas y de los expedientes administrativos.
Pidió que la función judicial debe ser declarada en emergencia porque «no es posible» que los operadores laboren en unidades judiciales donde no existe aire acondicionado, ni agua, ni otras condiciones de salubridad adecuadas.
PRESUPUESTO DEBE SER EJECUTADO
“Volveremos a la función judicial invencible”. Con esta afirmación, Wilman Terán expuso su plan de trabajo en caso de llegar a la presidencia del CJ. Dijo que el principal problema del CJ es el económico, y por ello planteó que, en caso de ser elegido, priorizará la aplicación del Código de Planificación y Finanzas Públicas para que el presupuesto proyectado sea ejecutado.
El Código establece que, cuando un presupuesto no se ejecuta acorde a la planificación de manera adecuada y coordinada marca un desperdicio y derroche público porque debe ser devuelto al ministerio de Finanzas. Esto lleva al Estado a recortar los presupuestos, y en el caso del CJ, la falta de estadística y visión ha dejado en evidencia un recorte de $7 millones. ¿Por qué ocurre esto?, cuestionó Terán. “Porque no se ejecutó, pero no es cuestión de contratar más personal”.
El presupuesto debe ser distribuido en gasto corriente y gasto de inversión generando proyectos, lo que además implica un mensaje hacia el ministerio de Finanzas de que se requiere mayores recursos. El dinero, señaló, debe ir dirigido a mejorar la infraestructura judicial, implementar alternativas de seguridad para los jueces, etc.
“Con esta planificación convertiremos a la función judicial en invencible y así nos ajustaremos al plan de trabajo al 2025”. La democracia se cimenta en una función judicial sólida, y el mejor combate a la corrupción es la transparencia y el cumplimiento de la ley, señaló. (SC)
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