Desde el 20 de marzo de 2023 comenzarán las audiencias.
El caso ecuatoriano es de un militar contra el Estado, tras haber denunciado supuestos casos de corrupción en las Fuerzas Armadas.
QUITO.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) llevará a cabo durante marzo de 2023 las audiencias referentes a casos de Ecuador, Venezuela y El Salvador.
Puntualmente, se tratan acerca de la prohibición de la interrupción del embarazo en El Salvador; de una mala praxis en un hospital privado venezolano; y, represalias contra un militar ecuatoriano que denunció hechos de corrupción.
El 20 de marzo de 2023, la CorteIDH escuchará a víctimas, testigos y peritos del caso del militar Julio Rogelio Viteri Ungaretti contra el Estado ecuatoriano, el cual se refiere a las presuntas represalias de las que fue víctima el hombre después de denunciar actos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.
La demanda acusa a Ecuador de violación al derecho a la libertad de expresión, al de protección judicial y al de la libertad personal, así como al derecho de circulación y residencia, y el derecho a la integridad psíquica y moral.
En noviembre de 2001, Viteri denunció supuestos actos irregulares flagrantes que habrían cometido los jefes de Estado Mayor de las tres ramas de la Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aviación), durante negociaciones viciadas en la contratación de los seguros de aeronaves militares en la sede de la agregaduría de Londres, según consta en una de las resoluciones de la CIDH.
Venezuela
El 21 de marzo, será el turno del caso Rodríguez Pacheco contra Venezuela, en el que se acusa al Estado por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales, a la integridad personal, a la salud, así como violaciones a la Convención de Belém do Pará sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres.
La demanda señala la existencia de deficiencias en la atención de salud prestada a Balbina Francisca Rodríguez Pacheco en un centro de atención de salud privado, así como la falta de investigación diligente y reparación adecuada de alegados actos de mala praxis médica cometidos, luego de que la mujer fuera sometida a una cesárea.
Caso de El Salvador
Y los días 22 y 23 de marzo se celebrará la audiencia por el caso Beatriz contra El Salvador, que se refiere a «las alegadas violaciones a los derechos de Beatriz y su familia debido a la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador».
Esta situación «presuntamente impidió que Beatriz tuviera la posibilidad de acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna al tratarse de una situación de alegado riesgo a la vida, salud e integridad personal; así como de inviabilidad del feto con la vida extrauterina», explicó la CorteIDH.
Según la demanda interpuesta contra el Estado, Beatriz había sido diagnosticada con Lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, por lo que un informe médico de 2013 consideró de alto riesgo el embarazo y posteriormente se diagnosticó que el feto era anencefálico, incompatible con la vida extrauterina.
El informe médico también determinó que si el embarazo avanzaba existía la probabilidad de muerte materna.
Ante la prohibición de aborto terapéutico en la legislación de El Salvador, la defensa legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo a efectos de salvar la vida de la mujer.
La Sala Constitucional admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo de 2013 declaró “no ha lugar” la demanda ya que consideró que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz.
El 3 de junio de 2013 Beatriz comenzó con trabajo de parto, fue sometida a una cesárea y el feto anencefálico falleció cinco horas después, detalla la demanda.
Por estos hechos, el Estado salvadoreño ha sido acusado ante la CorteIDH de violar los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial, y derecho a la salud. EFE
