El servicio de distribución de engería se vio afectado. Se contrataron obras sin garantía; incluso se llegó a usar tubería para redes de agua potable en lugar de para redes de electricidad. Contraloría detectó múltiples irregularidades.
Luego de analizar 20 informes, de auditorías a las operaciones efectuadas entre 2016 y 2022 por la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), la Contraloría General del Estado (CGE) identificó que las contrataciones se caracterizaron por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores.
El Reporte de Control Público da cuenta de la recurrencia de esta irregularidad en obras eléctricas, como las contempladas en el Plan de reconstrucción integral de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 (Priza), el Programa de Electrificación Rural (PER), los proyectos de mejoramiento del alumbrado público, las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica, entre otras.
En general, durante los exámenes se identificó que materiales y equipos ―adquiridos por la Cnel―, no fueron instalados o no guardaron relación con lo ofertado por los contratistas. Los proveedores no entregaron las garantías de equipos para exigir reparaciones o su restitución por averías.
Las contratistas no se ajustaron a las directrices contractuales, provocando que no se superen las eventualidades ―como aquellas originadas por el terremoto de 2016― y que no se mejore la calidad de vida de la población. Este problema se observó en las obras, en Portoviejo y Bahía de Caráquez, que formaron parte del proyecto Priza.
Graves deficiencias
Los trabajos de soterramiento de cables en la capital manabita se efectuaron utilizando perforaciones horizontales. La técnica, propuesta y realizada por la constructora, resultó ineficaz, no se ciñó a lo dispuesto en los estudios y debió recurrirse a la excavación a cielo abierto.
Además, la constructora contravino los términos de referencia al colocar un tipo de tubería utilizada para redes de agua potable. Los trabajos, por los cuales la Cnel pagó $1’559.678, no garantizaron durabilidad, el correcto funcionamiento de los ductos y originaron roturas, grietas, daños en los bordillos, cunetas y carpeta asfáltica.
En las inversiones realizadas para la instalación y mantenimiento de medidores para la reducción de perdidas en el sistema Quevedo, el contratista inició las obras con un personal diferente al propuesto en su oferta, ocasionando que no se pueda asegurar el cumplimiento de los perfiles técnicos establecidos en los pliegos y la calidad de los trabajos.
En cuanto a los fiscalizadores externos contratados para supervisar las obras, no verificaron que se ejecuten conforme a los planos, diseños, tablas de cantidades y especificaciones técnicas. Tampoco garantizaron que se cumplan los cronogramas valorados de las obras; que las suspensiones y retrasos estén justificados; y la participación, en las tareas de control, de los profesionales que constaron en sus ofertas.
La recurrencia de esta irregularidad provocó que no se cumplan los objetivos de inversiones realizadas bajo régimen de emergencia; pagos que superaron injustificadamente los presupuestos referenciales; desembolsos por trabajos que no formaron parte de los contratos; deficiencias constructivas, multas no impuestas, suministros eléctricos y equipos que no fueron utilizados.
La ausencia de estudios técnicos y económicos afectó la distribución de energía eléctrica
Otra irregularidad recurrente en las operaciones de la Cnel fue la falta de estudios completos, definitivos y aprobados, previo al inicio de las contrataciones. Los análisis debieron justificar los costos, la dimensión de las obras, así como la factibilidad operativa, técnica y económica de los proyectos.
Los estudios de mercado carecieron de sustentos e información, como: proformas, características de los bienes, monto de adjudicaciones anteriores similares, variación de precios, alternativas, entre otros.
Su ausencia ocasionó que la empresa pública no obtenga condiciones técnicas y económicas beneficiosas; que se dificulte el control de los presupuestos y sus incrementos.
También se identificaron diferencias entre los precios del mercado y los valores facturados a la Cnel por los contratistas. Por ejemplo, en el caso del plan Ilumina tu barrio, los gerentes generales de la Cnel no solicitaron los análisis de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), para determinar el costo del servicio de alumbrado público general, previo a la asignación de los recursos. Esto dificultó controlar la ejecución del proyecto y la utilización de los desembolsos.
En las iniciativas de expansión del alumbrado público, los equipos de control advirtieron que los precios unitarios se incrementaron hasta en un 62 %, debido a que no se actualizaron los estudios de mercado, previo a la contratación de las obras; y, en el proyecto para mejorar la calidad del alumbrado público no se elaboraron estudios lumínicos y planos, que justifiquen la contratación y sustenten la cantidad de luminarias a reemplazar en cada sistema eléctrico. (JS)
DATO.- Cnel está involucrada en el escándalo de presunta corrupción en procesos de contratación, dentro del llamado ‘Caso Encuentro’.
El estatismo ciego, la falta de incentivos y de transparencia abren la puerta a la corrupción y las pérdidas en las empresas públicas
