Wilman Terán (Izq.) presidente de la Judicatura, junto a los vocales Xavier Muñoz y Juan José Morillo.
Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) interpuso una acción de protección en contra del Primer Mandatario, Guillermo Lasso, para exigirle la asignación de presupuesto para la Función Judicial.
Durante el Foro Nacional por la Transformación de la Justicia, realizado hoy, 3 de abril de 2023, previo a la presentación de la querella, Terán dijo que esta Función del Estado tiene un déficit presupuestario de más de $265,6 millones.
De estos, $92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.
Según David Guzmán, director general del CJ, los recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando, por ejemplo, un déficit de 692 jueces a escala nacional en todas las instancias jurisdiccionales.
Actualmente, en el país existen 1.978 jueces. De acuerdo con cálculos del CJ, la tasa, por cada 100 mil habitantes es de 11 jueces, cifra que estaría por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12,8.
La reducción de recursos económicos, según el CJ, iría en desmedro de procesos como la gestión de citaciones pues no existiría el suficiente personal y vehículos para que la Función pueda cumplir con esta tarea. Solo en Quito, existen 17 777 citaciones pendientes.
Asimismo, hay un déficit de $ 77,3 millones necesarios para que la Judicatura pueda cubrir las vacantes de jueces, conjueces, secretarios, ayudantes judiciales, gestores de archivo, citadores, etc.
La falta de recursos tampoco habría permitido iniciar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, procesos de evaluación de los servidores judiciales a escala nacional. Para cumplir con estas tareas, la Función Judicial requiere más de $31 millones.
Por costos de operatividad relacionados con insumos de oficina, bienes, arriendos, mantenimiento, repuestos, accesorios, seguros, servicios generales, combustibles, vehículos, etc., el déficit es de $46,8 millones.(SC)
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