Los legisladores que quieren la cabeza del Primer Mandatario no recogieron las versiones de la Fiscalía General del Estado, ni del Frente Parlamentario Anticorrupción.
La solicitud que, el 16 de marzo de 2023, entregaron las bancadas de oposición Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC), los disidentes de la Izquierda Democrática (ID) y del movimiento Pachakutik (PK), en la ventanilla de la Unidad de Gestión Documental (UGD) de la Asamblea Nacional para que se inicie el proceso de enjuiciamiento político al presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene fallas.
En el documento ingresado a las 17:40 del jueves 16, citaron -por ejemplo- el artículo 131 de la Constitución, y no el 129 numeral 2 que especifica como delitos de concusión y peculado las causales para la interpelación al jefe de Estado.
El artículo 131 se refiere al procedimiento para enjuiciar a funcionarios públicos, ministros, autoridades de control, de la función electoral, pero no a un Presidente de la República.
En la solicitud también invocaron el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) que se refiere al enjuiciamiento por incumplimiento de funciones. Lo preciso era mencionar el artículo 86 de la misma ley que dispone que la Asamblea procederá al enjuiciamiento en los casos previstos en el artículo 129 de la Constitución.
Este “lapsus cálami” (error de tipeo) llevó a la asambleísta correista Viviana Veloz a ingresar a las 23:27 del jueves 16 de marzo en la secretaria de la Asamblea un “alcance” para subsanar las fallas.
OTROS ERRORES
En la página 51 del texto que contiene el intertítulo “Del trámite y la petición”, se señala que el presidente de la República, adecúa su conducta a las infracciones previstas en el artículo 129 numeral 2 de la Constitución (concusión y peculado). Sin embargo, para el asambleísta Ricardo Vanegas (Pachakutik) no se especifica el día, la hora o el lugar en que se cometió el delito, o en qué contratos se habría beneficiado el mandatario.
OMISIONES
En el texto de 55 hojas, presentado como sustento para el juicio político, no consta la versión que Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio el 17 de febrero de 2023 en la comisión ocasional de la Asamblea donde puso en duda la veracidad de la documentación presentada en redes sociales, y que, según dijo, difieren de aquellos que reposan en los expedientes originales de la Fiscalía, presuntamente relacionados con una estructura vinculada al narcotráfico.
En varias páginas del documento consta, además, una reseña del informe sobre “Presuntas irregularidades denunciadas” que entregó Luis Verdesoto, exsecretario anticorrupción, antes de renunciar al cargo en enero de 2023.
El exfuncionario planteaba como hipótesis la “creación o utilización de empresas para participar en la contratación pública que podría convertirlas en vehículos para el lavado de activos”.
Pero en el documento presentado por la oposición para sustentar el juicio a Lasso no se profundiza en detalle que la investigación de Verdesoto contenía suposiciones o hipótesis.
INFORME DEL FRENTE PARLAMENTARIO
En el documento que sustenta el juicio político tampoco hace referencia al informe del Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA) referente a la investigación de la “mafia albanesa”.
El FPA concluyó que de los 48 administradores de unidades de negocios de las principales empresas públicas del Estado habrían provenido de los gobiernos de Rafael Correa y de Lenin Moreno, y que las operaciones de estructuras criminales datan desde aproximadamente 20 años. (SC)
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