Al menos 13 investigaciones por peculado y 10 por tráfico de influencias son revisadas por la Fiscalía. El exmandatario fue condenado a prisión por el caso Sobornos y tiene orden de captura por el secuestro de Fernando Balda.
La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ha manifestado en varias oportunidades que el expresidente, Rafael Correa, quien se mantiene prófugo de la Justicia, será uno de sus principales asesores de llegar a la Presidencia de Ecuador.
A principios de julio de 2023, González concedió una entrevista a la agencia de noticias EFE en la que dejó claro que el exmandatario «sigue siendo el líder de nuestro proyecto político. Cuando yo me posicione como presidenta, Correa será mi principal asesor«.
La ausencia de Correa de Ecuador, sin embargo, es el resultado de los distintos procesos que el exmandatario mantiene con la Justicia y que le han impedido regresar al país y hasta inscribirse para participar en el pasado proceso presidencial de 2021, cómo vicepresidente de Andrés Arauz.
El político, quien está prófugo de la Justicia ecuatoriana, mantiene su residencia en Bélgica, pero visita con regularidad a los gobiernos socialistas de México, Cuba y Venezuela. También trata de mantener su influencia en el destino político de Ecuador.
Correa, quien usó a la Justicia ecuatoriana para silenciar a medios, callar opositores, e incluso encarcelarlos, hoy levanta la bandera del ‘lawfare’ para victimizarse.
¿Qué es un ‘lawfare’? Y ¿Cuántos casos se mantienen vigentes contra el exmandatario? Ambas son preguntas que el electorado debe tener en cuenta para emitir su voto el próximo 20 de agosto.
La FGE no descansa
Desde que Correa salió del poder, el 24 de mayo de 2017, las denuncias contra el exmandatario no han parado de llegar y algunas se encuentran detenidas porque la ley no permite su juzgamiento en ausencia.
En primer lugar, Correa fue hallado culpable del delito de cohecho en calidad de coautor por el caso ‘Sobornos 2012- 2016’ o ‘Arroz Verde’, y por el que fue sentenciado a ocho años de prisión que no ha cumplido. Aunque sí lo han hecho algunos de sus socios y cómplices en el caso, como Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; y Jorge Glas, exvicepresidente de la República.
Correa y otros 15 funcionarios fueron declarados culpables por cohecho al recibir aportes de empresas trasnacionales, cómo la brasileña Odebrecht. Dichos recursos habrían sido utilizados para el apoyo de los candidatos del partido de gobierno Alianza PAIS durante las elecciones seccionales de 2014.
Actualmente, en la Fiscalía General del Estado (FGE), se encuentran 40 denuncias en las que Correa está involucrado. Además, hay un procedimiento de juicio abierto por el presunto secuestro de Fernando Balda. Este no puede ser juzgado en ausencia.
Peculado y tráfico de influencias
Los delitos por los que la FGE investiga a Correa son variados, van desde el robo, la falsificación de documentos y la persecución, a delitos más ligados a la administración en su función como máximo Jefe del Estado.
Así, Correa acumula 13 investigaciones por peculado son 13, 10 por tráfico de influencias, 6 por fraude procesal y 2 por delincuencia organizada.
El peculado figura en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se configura cuando un servidor público “en beneficio propio o de terceros” permite que se “abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo”.
Sobre el tráfico de influencias, el artículo 285 del COIP apunta a los “servidores públicos o personas con potestad estatal que abusando de su cargo, funciones o relación jerárquica ejerzan influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorable a sus propios intereses o el de terceros”.
La mayor parte de las denuncias se realizaron en 2018 y 2019, sumando 26 indagaciones, aunque también se encuentran investigaciones abiertas 2011 (por peculado), 2012 (por peculado), 2015 (por falsedad de documento) y 2017 (por peculado).
Dentro de los denunciantes se encuentran importantes personalidades del país, Fernando Balda en dos oportunidades, Fernando Villavicencio, Yaku Pérez e incluso la Contraloría General del Estado. (ILS)
El caso Balda
Correa es uno de los involucrados en el secuestro del político opositor Fernando Balda, hecho que se registró en Bogotá (Colombia) en julio de 2012 y por el que la Justicia ecuatoriana declaró culpable al exsecretario de Inteligencia del Gobierno de Correa, Pablo Romero Quezada.
Hace pocos días, la justicia suspendió la instalación de la audiencia de casación (última instancia de apelación del proceso). Romero en este momento se encuentra sentenciado a nueve años de prisión como autor mediato del secuestro agravado de Balda.
Dentro de su defensa, Romero señaló que el delito estaría mal tipificado.
Sobre este caso, fuentes relacionadas indicaron a LA HORA que la estrategia es “dilatar las audiencias, esperando que se realicen las nuevas elecciones, y tratar de declarar la inocencia de Rafael Correa”.
Mientras Correa, sobre quién pesa un alerta roja internacional, no regrese al país el proceso en su contra seguirá pendiente, pues el COIP no permite que se juzgue en ausencia este tipo de delitos.
‘Lawfare’ o justicia independiente
Desde su exilio, Rafael Correa señala que es un “perseguido” de la Justicia de Ecuador y de la clase política que retomó el control del país, tras la llegada de Lenín Moreno al poder.
En una entrevista publicada por este diario el 15 de noviembre de 2022, Correa reconoció que no regresaría al Ecuador hasta no tener garantías.
Correa apoyado en medios como el Le Monde Diplomatique han marcado su caso como un paradigma del ‘lawfare’, que consistiría en el uso de la Justicia para perseguir a los dirigentes políticos opositores al Gobierno de turno, en este caso a Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
