En lugar de dedicarse a resolver los problemas sociales, económicos, de seguridad, empleo, la oportuna administración de justicia que impida que siga la impunidad, el país ha entrado en una nueva encrucijada, que pone en riesgo la estabilidad interna.
Por irresponsabilidad de los actores políticos, que no meditan en las consecuencias, el panorama es complejo: la admisibilidad de la Corte Constitucional al juicio político al Presidente y la respuesta del Ejecutivo con la muerte cruzada, que implicará el inmediato cierre de la Asamblea. Son herramientas constitucionales, que deben ser meditadas con responsabilidad por las consecuencias que acarrearán y los opositores no pueden decidir qué se aplica y qué no.
El otro escenario, que se pretenda incendiar de nuevo el país porque no le guste a la oposición legislativa y a ciertos dirigentes indígenas, que tendrá que ser controlado por la fuerza pública. La admisibilidad del juicio político de la CC y la consecuente muerte cruzada será más traumática porque por mandato del Ejecutivo las FF.AA. van a intervenir en sujeción a la Constitución. La CC, hoy la institución más respetable, que cuenta con jueces serios, tiene que sopesar no solo un fallo estricto constitucional, sino la incidencia política y la situación interna que podría derivar. La CC pudiera ser señalada la responsable del caos que pudiera venir.
Las intenciones, difundidas por la oposición, es tumbar al Presidente y Vicepresidente y tomarse el poder desde la Legislatura. Luego la pretensión de convocatoria a una Constituyente y cuyos primeros sacrificados serían los jueces de la CC, porque pudiera repetirse lo del 2007 cuando les sacaron a palos a los miembros del Tribunal Constitucional. Este escenario revive el fantasma de ir al modelo venezolano y hasta se pondría en riesgo la dolarización, que todo el país vive satisfecho con ello. Qué dilema más complejo. Y qué dicen las élites, los sectores económicos y de la producción frente a estos nuevos escenarios que afectarán a todos por ambiciones políticas?
