La Corte Constitucional inició sus funciones luego de aprobada la Constitución del 2008 y en estos 14 años de existencia, vale preguntarnos: ¿qué conducta ha tenido frente al poder y a los derechos? la respuesta depende de dos cuestiones. Primero, de las decisiones emitidas; y, segundo, de sus integrantes. A modo de resumen, podríamos decir que la CC tuvo una primera etapa, 2008-2017, en la que fue deferente con el poder de turno (no limitó los estados de excepción), restringió derechos civiles (avaló la anterior Ley de Comunicación) y trató de garantizar ciertos derechos sociales de personas pertenecientes a grupos vulnerables. Luego vino una segunda etapa: 2019-2022. Aquel grupo de respetados juristas, limitó las actuaciones del poder, protegió derechos civiles y reforzó la materialización de derechos sociales. Mucho cambió en esos 3 años, y sea que estemos a favor o en contra, no puede negarse que fue gente que se atrevió a decidir temas complejos. Actualmente, podemos hablar de una tercera etapa: 2022-2025. Estos jueces siguen escribiendo su historia y considero que no se puede señalar con claridad cómo decidirán, por ejemplo, los casos difíciles. No existe una mayoría con marcada tendencia ideológica y tampoco han emitido profundas decisiones con cambios de líneas jurisprudenciales en alguno u otro sentido. Lo que sí ha demostrado la actual composición de la CC, es homogeneidad en los asuntos procesales, respeto a los derechos civiles, y menor intensidad frente a los derechos sociales. Quizá su decisión más fuerte la encontramos en la destitución de los consejeros del CPCCS. Ahora, a las puertas de un juicio político contra el presidente de la República, la CC enfrenta su caso más difícil. Lo califico de esa forma porque si bien deciden en estricto derecho, no es menos cierto que los argumentos políticos también pesan. ¿Qué conducta adoptarán los jueces en este capítulo de la historia nacional? seguramente, una respetuosa de la democracia y el Estado de Derecho.
