El gobierno del presidente Guillermo Lasso, a pocas de semanas de cumplir 2 años en el poder, no acierta en el manejo del sector de la seguridad.
En lo que va del año el número de muertes violentas se han disparado en el país: 1356 asesinatos se han producido durante el primer trimestre de este año. Un 66% más de los ocurridos en el mismo periodo del 2022. Si el año pasado fue considerado como el más violento en la historia del país, con cerca de 4603 muertes violentas, este año posiblemente la cifra sea aún más abultada.
La razón principal de estas inusitadas cifras no solo se debe al incremento de la criminalidad, sino principalmente a la debilidad, inercia y falta de preparación de quienes nos dirigen.
Es cierto que el Ecuador está inmerso en una profunda crisis institucional: conflictos y pugnas entre los poderes del Estado; corrupción y penetración del narcotráfico en el sistema de justicia; carencia de normas que permitan enfrentar de manera severa al crimen organizado…
Sin embargo, el gobierno nacional tiene, en función de las atribuciones fijadas en la Constitución y las leyes subsidiarias, la capacidad de regular, planificar, coordinar, gestionar y controlar el sector de la seguridad, así como emitir políticas públicas en este ámbito. Pero muy poco se ha hecho a este respecto.
Incluso aspectos tan básicos como aumentar el número de efectivos de la Policía Nacional, así como dotarlos de municiones y equipamiento básico no se cumple. A inicios de marzo, después de varios meses de espera, se pudo concretar la compra de municiones. Aspectos relacionados con la adecuación de unidades de policía (UPC) y cuarteles recién se concretarán en 2024.
Los nueve estados de excepción que se han decretado hasta la fecha no han servido para nada. Ha sido una medida “parche” que solo ha servido para mostrar ante la opinión pública de que el gobierno reacciona y va a hacer algo respecto. Sin embargo, lo único que sucede a la final es que la situación de inseguridad y muertes violentas aumenta.
