Los guardias de seguridad tendrán nuevas funciones, luego de que Guillermo Lasso permitiera el libre porte de armas en Ecuador. Foto: Flickr Ministerio del Interior
La noche de este 1 de abril del 2023, el presidente Guillermo Lasso anunció medidas urgentes de seguridad frente a los hechos delictivos registrados en Ecuador.
La primera decisión fue autorizar que las personas puedan tener y portar armas en Ecuador para defensa personal. Además, se permite el uso de aerosoles de gas pimienta.
Otra medida adoptada fue que los guardias de seguridad privada puedan apoyar a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad.
¿Nuevas funciones de guardias?
Tras anunciar las nuevas medidas de seguridad, el Primer Mandatario firmó el Decreto Ejecutivo 707 con el cual reformó el Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.
Con esa modificación, el personal de vigilancia y seguridad privada deberá alertar al ECU911 sobre hechos delictivos, por sí mismo o a través del centro de monitoreo de la compañía. Además, tendrán que colaborar con la Policía Nacional de forma inmediata y obligatoria.
Los guardias privados tendrán que cumplir tres tareas específicas, además de las funciones inherentes a su cargo.
1.- De manera preventiva, deben alertar a la Policía o al ECU-911 cuando sospechen del posible cometimiento de una infracción que ponga en peligro la integridad física de las personas o sus bienes.
2.- Los guardias deben intervenir cuando se produzcan hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que pongan en peligro la integridad física de las personas o sus bienes.
3.- Deben actuar cuando ocurran delitos o contravenciones flagrantes en su zona de responsabilidad. Los guardias de vigilancia y seguridad privada brindarán colaboración inmediata y proporcionarán información a la Policía Nacional en apoyo a la seguridad ciudadana.
Los guardias podrán usar un arma en legítima defensa cuando ocurran los siguientes hechos: una agresión actual e ilegítima; necesidad racional de la defensa y falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
