No obstante que la economía del Ecuador creció a un promedio del 2% anual, sigue el mismo nivel de pobreza porque no hay redistribución de la riqueza. Claramente se constata que en los últimos 10 años ha habido una mayor concentración de la riqueza que ha incidido en una pobreza crónica. Todo esto ha causado descontento social, educación deficiente del pueblo y su masiva impreparación profesional que impide contar con una fuerza de trabajo calificada. Si el Presidente Lasso decide un programa de clara y efectiva redistribución del ingreso nacional, acabarían los estallidos de violencia que están sumiendo al país en una desestabilización política y de alto riesgo.
Mientras el SRI ha comprobado que ecuatorianos adinerados han sacado 5 mil millones de dólares, según el INEC el 31.4%, es decir uno de cada 3 ecuatorianos vive hacinado, no tiene agua potable ni alcantarillado, no recibe buena educación y perciben menos de 3 dólares diarios, debido a que en 10 años los gobiernos inefectivos no han querido servir a esta población que vive en condiciones precarias.
El actual gobierno ha entregado bonos de hasta 80 dólares mensuales a los más pobres y para cumplir con un ofrecimiento de campaña electoral subió a 450 dólares el salario mínimo, lo que implica una redistribución del ingreso, a los que ya tienen empleo adecuado. Pero lo que avergüenza es la pobreza profunda que afecta a 4.5 millones de ecuatorianos informales, sin líderes y que todos los días luchan por su sobrevivencia, es decir que no viven sino duran.
Ante esta realidad no es acertado ni correcto que el gobierno no haga nada para invertir en obra pública que ocupa a trabajadores formales y siga guardando dinero, superando incluso los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, creyendo que haciendo esto van a venir inversiones importantes a un país de alto riesgo y de permanentes confrontaciones que arrastran al país incluso a la defenestración política.
