Para los propósitos desestabilizadores -resentidos porque no ganaron las elecciones presidenciales- el juicio político es más seguro que la destitución. Están numerados a continuación y las causales se asemejan en su contenido valorativo. Por ejemplo, el primer numeral del juicio político señala como causa: “ delitos contra la seguridad del estado”, mientras que el primero para la destitución del presidente establece: “por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente…”. Como se observará, existe una falta de coherencia entre el juicio político y la destitución, mucho más importante es la seguridad del estado que una violación constitucional.
Este ejemplo es suficiente para comprender que en el orden constitucional lo que prima no es el contenido de las causas sino el tiempo. El juicio político debe recorrer dos casos de admisibilidad, mientras que la destitución, de lograrse la mayoría, puede ser instantánea como sucedió con Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez.
Por este motivo es comprensible que, como compensación el ejecutivo solo puede utilizar su única carta que es “la muerte cruzada”. Esta es instantánea y solo requiere de la voluntad presidencial.
Estas dos situaciones jurídicas y políticas deben ser causadas por el sistema de elección presidenciales y legislativas que arrastramos, desde el nuevo orden constitucional desde 1969; es decir, elegir al presidente en la primera o segunda vuelta y erróneamente a los legisladores en la primera. Añádase que somos una sociedad política sin partidos mayoritarios que nunca acompañarán al presidente electo.
El gobierno actual que ha padecido por no tener un fuerte bloque legislativo ni tampoco un sólido acuerdo, perdió la oportunidad de preponer una reforma constitucional como la sugerida, que, sumada a la muerte cruzada, podría haberle dado la gobernabilidad que nunca ha tenido ni tendrá.
Ojalá que este complejo caso constitucional sea corregido antes de las elecciones presidenciales, de lo contrario, la inestabilidad será un emblema político de la nación.
