El Ecuador, antigua isla de paz, se ha transformado en teatro de violencia inusitada con crímenes, asaltos, secuestros, extorsiones, guerras entre cárteles internacionales de narcotraficantes ante una justicia que ha perdido su función de equilibrio y sustento de la democracia, para parcializarse, en muchos casos, a favor de los delitos.
La dignidad nacional ha sido mancillada por las incontables fortunas del negocio de las drogas que se han introducido, como neblina incontenible, en la justicia, en la política y ha contaminado a miembros de instituciones, otrora ejemplares defensoras de la patria, como fuerzas armadas y policía.
Es evidente que la “metida de la mano” en la justicia, advertida y ejecutada por el expresidente prófugo, fue la semilla de la inseguridad jurídica que nos abruma. Innumerables fueron los casos en que las sentencias eran frutos sumisos de las expresiones sabatinas del vengativo y pendenciero gobernante.
Es inaudito que bandas completas de delincuentes, muchos de ellos extranjeros, que arribaron al país beneficiados de la absurda “ciudadanía universal”, que han sido descubiertas y capturadas, luego de un arduo trabajo policial, sean liberadas, con inmediatez, por jueces y fiscales causantes de la desconfianza e incredulidad de la gente en la justicia, puesto que en muchas ocasiones son estos sujetos, que debían estar presos, los que reiteran las acciones criminales.
Somos testigos obligados del conflicto entre la Corte Nacional, su órgano administrativo el Consejo de la Judicatura y la intromisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en una pugna por designación y sanciones disciplinarias a los jueces a las que se suman los intereses políticos de nombramientos de autoridades de control.
La Justicia descalabrada ha transformado al país en un Estado fallido. Urge un acuerdo patriótico y maduro de gente responsable y de un nuevo gobierno que actúe con decisión para reformar la tan necesitada justicia.
