Descontento. El rechazo a la ley SB1718 se ha manifestado en las calles.
El caso de Florida, donde entró en vigor la ley SB1718, obliga a que la comunidad hispana mire más allá de las elecciones presidenciales.
Redacción MIAMI
Hacer que la comunidad hispana de EEUU se involucre y participe en las elecciones locales y no solo en las presidenciales es esencial para evitar leyes como la SB1718 de Florida, dice Soraya Márquez, directora estatal de la organización Mi Familia Vota.
En una entrevista con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley «antiinmigrantes» de Florida, la activista de origen venezolano subrayó la necesidad de movilizar el voto de los latinos en Florida de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y las intermedias de 2026.
«Los diferentes sectores -dice- están entendiendo que esta no es la política que necesitamos en Florida y es ahora cuando podemos comenzar un movimiento».
Márquez se muestra muy crítica con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y con los legisladores estatales que apoyaron «irresponsablemente» la ley SB1718 sin pensar en las consecuencias -también de carácter económico, pues provoca escasez de mano de obra en los sectores más importantes- y opina que puede tener un «efecto bumerán» para ellos.
Plataforma política
«Esta ley no solamente afecta al inmigrante, nos va a afectar a todos, porque nuestro gobernador está utilizando Florida como una plataforma política para enviar un mensaje a la extrema derecha, que necesita tener de su lado para poder ganar las elecciones primarias», subraya.
DeSantis, reelegido gobernador en 2022 con más de un 59% de los votos, aspira a ser el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024 con un programa electoral ultraconservador en el que la lucha contra la «invasión» por la frontera de México y la inmigración irregular es un punto central.
Márquez señala que la ley SB1718 es «solamente el principio» de una secuela de leyes similares y pide al resto de EE.UU. estar prevenido ante «una persona irresponsable que no mide los impactos, sino el beneficio que pueda sacar para crear la base política». EFE
¿Control o persecusión?
Entre otras medidas, la ley floridana establece que una persona que traslade a un indocumentado a Florida desde otro estado está cometiendo un delito grave de segundo grado y considera un agravante el hecho de que la persona transportada sea un menor, aunque sea familiar suyo.
También obliga a las empresas de más de 25 empleados a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores y a los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) a preguntar a los pacientes si residen o no legalmente en EE.UU.
Los planes del gobernador DeSantis en caso de llegar a la Casa Blanca son aún más duros e incluyen retirar el derecho a la nacionalidad automática a los hijos de inmigrantes indocumentados que nacen en este país, una polémica medida que ya había anunciado antes el expresidente Donald Trump, que es el claro favorito en las encuestas de intención de voto en las primarias republicanas.
El 26,7% de la población de Florida se identificaba como latina en 2020.
