El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, sostiene está en camino una ley que beneficiará a narcotraficantes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha salido al paso de las críticas al proyecto de ley de sometimiento judicial de los grupos armados que prevé beneficios jurídicos a cambio de colaboración y rendición, recordando que «cuanto más duras fueron las medidas más fuerte se abrazaron el narcotráfico y el poder político».
«Cuanto más duras han sido las medidas y más campesinos se han encarcelado por sembrar hoja de coca, más fuerte se ha abrazado el dueño del narcotráfico con el dueño del poder político«, ha dicho el presidente Petro, después de que rivales políticos denunciaran que la iniciativa daría paso a la impunidad de estos grupos.
«La pregunta es si queremos desmantelar pacíficamente las bandas ilegales o cerramos esa puerta. Yo creo que la sociedad colombiana se merece la construcción de un camino pacífico. En el mundo de la guerra solo se ha empoderado el narcotráfico«, ha señalado en su cuenta de Twitter.
El miércoles, se presentó en el Congreso la iniciativa del Gobierno para someter a los grupos armados sin estatus políticos al poder judicial. El texto recogía una serie de beneficios a cambio de que estas personas -entre las que no se incluían jefes de las organizaciones ni sospechosos de participar en delitos graves– se rindieran, colaborara, entregaran sus bienes y repararan a las víctimas.
Petro ha apuntado que este texto es semejante al de legislaciones de Estados Unidos, en las que se contempla la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a delincuentes a cambio de ayudar a desmantelar sus redes criminales. «La ley que proponemos busca el completo desmantelamiento del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, la reparación de las víctimas y la verdad», ha enfatizado.
Sin embargo, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, sostiene lo contrario, que esta nueva iniciativa beneficiará a narcotraficantes. En esa línea protesta la oposición, que a pesar de que ya ha sido desmentido por el Gobierno, insiste en afirmar que con esta ley se daría estatus político a las organizaciones del crimen organizado.
El texto, pensado para organizaciones como el Clan del Golfo y otras estructuras paramilitares, plantea penas de prisión de entre seis y ocho años para aquellos que se acojan al plan, además de un crea un fondo especial para reparar a las víctimas financiado con los bienes adquirido ilegalmente por estas personas.
El plan del Gobierno prevé un periodo de cuatro años de prueba en el que el grupo armado que desee someterse a este mecanismo deberá dar muestras reales de haber cesado en sus actividades ilegales, participando además en los programas de justicia e integración. Las autoridades se reservan el derecho de suspender el proceso si no existe cumplimiento por la otra parte.
En caso de que obtenga el visto bueno del Congreso, el Gobierno de Petro podrá entonces iniciar conversaciones para desestructurar a cambio de beneficios judiciales a estos grupos, mientras continúan las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la espera de que comience el mismo proceso con las disidencias de las FARC, únicos grupos con carácter político. (EFE)
