El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, ha sido investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias. EFE
El expresidente de Perú está imputado por haber recibido unos $34 millones de la constructora brasileña Odebrecht.
LIMA. El Ministerio Público de Perú solicitó este 17 de marzo de 2023 al Poder Judicial la expropiación y que se declare al Estado como propietario de los bienes inmuebles del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), cuya extradición ya fue aprobada por Estados Unidos para ser juzgado por el caso Odebrecht.
«La Fiscalía de Extinción de Dominio (expropiaciones) presentó ante el Poder Judicial una demanda para que se declare al Estado como propietario de los bienes inmuebles del expresidente Alejandro Toledo y su entorno familiar», informó en un escueto mensaje en Twitter el Ministerio Público.
Desde California, donde ha residido los últimos años, Toledo está pendiente de que resuelva un recurso de apelación que interpuso contra la extradición aprobada el 23 de febrero pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para responder ante la Justicia peruana por presuntos delitos de corrupción.
El exmandatario, quien seguirá en libertad bajo fianza hasta que se resuelva dicho recurso, está imputado en su país por haber recibido unos 34 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú.
En concreto, Toledo ha sido investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
El exmandatario fue detenido en 2019 en California y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de la covid-19.
En septiembre pasado, la Justicia estadounidense dio luz verde a su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.
En el país andino, el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, salpicó también a los expresidentes Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como a la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).
