En plena pandemia de coronavirus, más de 100.000 personas murieron por sobredosis en un solo año. El tráfico ya afecta a la economía, ya que ha costado 1,5 billones de dólares.
El consumo de fentanilo y otros opiáceos está provocando la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos y llega ya a todos los rincones del país. Los datos son contundentes: más de 1.500 personas de media mueren a la semana por consumir algún tipo de opiáceo, la principal causa de sobredosis mortal en el territorio.
El fentanilo, un potente opiáceo sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, ha ganado notoriedad durante los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia de coronavirus.
Desde el año 2000, más de medio millón de personas han muerto de sobredosis, la mayoría por el consumo de este tipo de droga, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud.
En 2021, en plena pandemia de COVID-19, el país registró una cifra récord de sobredosis, con más de 100.000 muertos en todo el país en tan solo un año. De estos decesos, más del 66% están relacionados con el consumo de fentanilo, tal y como recoge un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Estos datos suponen una media de 21,6 muertes por cada 100.000 habitantes.
Las muertes por sobredosis de fentanilo se concentran en consumidores de entre 34 y 44 años -con una tasa de 43,5 por cada 100.000 habitantes-, seguido muy de cerca por personas de entre 25 y 34 años -40,8 por cada 100.000 habitantes-, mientras que la mayoría son indios americanos, por delante de los afroamericanos.
Las regiones más afectadas son Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont, así como los estados de Delaware, Maryland, Pensilvania, Virginia, Virginia Occidental y Washington D.C, si bien se han registrado decesos en las diez regiones sanitarias del país.
Los expertos coinciden en que el problema se remonta a la alta prescripción de estos productos para hacer frente al dolor crónico, una situación que se ha exacerbado ante la irrupción de carteles y redes de tráfico ilegal de drogas, que han inundado el mercado negro con grandes flujos de la llamada ‘heroína barata‘ y opiáceos sintéticos.
Los opiáceos se dividen fundamentalmente en dos categorías: medicamentos fabricados legalmente y narcóticos ilícitos procedentes principalmente de terceros países. Los medicamentos como la oxicodona, la morfina y el fentanilo son a menudo recetados para tratar el dolor agudo, mientras que la metadona es utilizada en procesos de rehabilitación de personas con adicción.
La Administración de Control de Drogas (DEA) estima que las redes criminales están produciendo pastillas en masa para hacerlas pasar por medicamentos legales obtenidos con receta. Estas pastillas, accesibles a través de Internet y redes sociales, pueden contener dosis mortales de fentanilo.
¿Hay responsabilidad de las farmacéuticas?
Los opiáceos ganaron popularidad entre los médicos en la década de los 90 para tratar a pacientes que se habían sometido a cirugía o padecían cáncer, unos tratamientos impulsados por farmacéuticas como Purdue, que comenzaron a introducir medicamentos como el Oxycontin en el mercado.
En la década de los 2000, no obstante, los médicos comenzaron a recetarlos para tratar afecciones crónicas, como dolor de espalda o articulaciones, a pesar de las preocupaciones sobre su seguridad y eficacia.
La primera ola de la crisis, que derribó en gran medida la barrera racial, llegó así ante una falta de control sobre el uso de estos medicamentos debido a la autonomía con la que contaban las clínicas privadas para prescribirlos, a lo que se sumaba una insuficiente regulación y coordinación por parte del sistema.
Este aumento de las prescripciones se vio influido por las garantías dadas a los médicos por las empresas farmacéuticas, que aseguraban que el riesgo de adicción era bajo. En 1999, el 86% de los pacientes que utilizaban opiáceos lo hacían para el dolor no relacionado con el cáncer y las comunidades en las que los opiáceos eran fácilmente accesibles y se prescribían con facilidad fueron las primeras en experimentar un consumo abusivo, según datos de la organización Poison Control, que busca concienciar sobre el peligro de estas sustancias y evitar las sobredosis.
Cuando las primeras medidas puestas en marcha para frenar esta ola empezaron a surtir efecto, la heroína volvió a ganar terreno dada su disponibilidad y potencia como sustituto de medicamentos como la oxicodona, cuyo uso estaba muy extendido.
Las muertes por sobredosis relacionadas con la heroína aumentaron entonces un 286% entre 2002 y 2013 a medida que los adictos buscaban vías alternativas, y aproximadamente cerca del 80% de los consumidores admitieron haber consumido previamente opiáceos.
En 2016 se produjo un significativo aumento de estos casos, con más de 20.000 muertes por fentanilo y drogas similares, según cifras de los CDC, después de que el opiáceo sintético comenzara a ganar terreno de mano del narcotráfico chino.
Los intentos por cambiar las pautas de prescripción de estos medicamentos se han topado con la intervención indirecta de la industria farmacéutica a través de grupos de presión. Investigadores de dos universidades descubrieron que la oposición a las directrices de los CDC era significativamente más común entre las organizaciones que recibían financiación de los fabricantes de opiáceos, según la citada organización.
Mientras, la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado detalló que existían vínculos financieros entre los fabricantes, los grupos de defensa y las asociaciones médicas profesionales. Dicha comisión informó de que tanto los grupos de defensa de los pacientes como las asociaciones de médicos han estado invirtiendo millones de dólares en promover mensajes y políticas que favorecen la venta de estos medicamentos y los intereses de la industria farmacéutica.
La importancia de China y México
La situación ha llevado a las autoridades estadounidenses a exigir medidas a los gobiernos de países como China y México, principales implicados en el tráfico ilegal de estas sustancias, que han llevado a Estados Unidos a sufrir la peor ola de la epidemia de los opiáceos y la más mortífera hasta el momento.
Gran parte de la heroína que llega a Estados Unidos es cultivada en México y son los carteles los que controlan la producción y distribución del opiáceo para introducirlo en las principales ciudades del país norteamericano, la mayoría de las veces a través de los pasos fronterizos y con ayuda de ciudadanos estadounidenses.
México ha pasado a sustituir así a China como principal país exportador de fentanilo después de que las autoridades del gigante asiático empezaran a tomar medidas al respecto -si bien el país sigue siendo el principal productor de los ingredientes para su fabricación-.
El expresidente Donald Trump puso en marcha una serie de medidas para hacer frente a la epidemia de fentanilo y acusó en varias ocasiones a Xi Jinping de fracasar a la hora de tomar medidas. Ante la creciente presión del Gobierno estadounidense, China incluyó en su lista de narcóticos prohibidos el fentanilo y todos sus derivados, lo que dejó la puerta abierta a los carteles mexicanos.
Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional aboga por sacar adelante una operación en México que permita hacer frente a un problema que está acarreando un coste de 1,5 billones de dólares (cerca del 7% del PIB) a nivel interno.
Con su nueva estrategia para combatir los opiáceos ilícitos, el Gobierno de Joe Biden busca hacer frente a la situación en la frontera sur y plantar cara a los carteles a medida que Trump asegura que, en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2024, desplegaría al Ejército y estaría dispuesto a «bombardear» laboratorios de fentanilo en México. (Europa Press)
