El escándalo por la entrada ilegal en la campaña golpea al presidente de Colombia en las vísperas de su primer aniversario en el poder.
BOGOTÁ. El escándalo por la supuesta entrada de dinero ilegal en la campaña electoral del presidente colombiano, Gustavo Petro, sacude a su Gobierno en vísperas de su primer aniversario, que se cumplirá el 7 de agosto, y puede traer consecuencias judiciales y políticas al mandatario.
Petro fue elegido con la promesa de un cambio, incluso de las costumbres políticas del país, donde abundan formas de corrupción tales como tráfico de influencias, celebración indebida de contratos y robo del dinero público, pero sus alianzas con políticos tradicionales acabaron pasándole factura.
Y no fue la oposición la que sacó a la luz los supuestos ilícitos de su campaña sino que la bomba fue detonada en su entorno familiar como consecuencia de una pelea matrimonial entre su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa, Daysuris Vásquez que acabó llegando hasta la Fiscalía.
La oposición, por su parte, ha aprovechado la revelación de Petro Burgos a la Fiscalía, sobre la supuesta entrada de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de su padre, para pedir que se le someta a un juicio político o incluso exigirle la renuncia, para lo cual han convocado a manifestaciones en todo el país el próximo 16 de agosto.
Tres procesos en el camino
Según el coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Esteban Salazar, el caso puede tener tres procesos: uno en la Fiscalía General, otro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el tercero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
«La Fiscalía, por ahora, cuenta con la información de Nicolás Petro y ‘Day’ Vásquez, quienes deberán aportar pruebas de los dineros que recibieron y cuántos y a dónde ingresaron en campaña», puntualiza.
El dinero en cuestión provino de dos fuentes, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como «el hombre Marlboro», y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso «Turco» Hilsaca.
«Lo que sigue entonces es que la Fiscalía deberá comprobar si los dineros aportados (…) vienen de fuentes ilegales» para tomar las medidas penales del caso, indicó.
Más allá del origen del dinero, Nicolás Petro afirmó en una entrevista publicada por la revista Semana que su padre no sabía del ingreso a su campaña electoral de dinero ilícito.
«Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias», manifestó.
Por los lados del CNE, este organismo deberá investigar si ese dinero fue registrado por la campaña presidencial de Petro y, de esta forma, determinar si el entonces candidato sabía o no.
La CNE no tiene competencia para juzgar al presidente y otros aforados, lo que por ley le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de la que Salazar dice que «se ha caracterizado por ser altamente negligente e ineficiente en el pasado».
El presidente de dicha Comisión, el conservador Wadith Manzur, informó el viernes que desde marzo pasado, cuando Vásquez hizo las primera denuncias contra Nicolás Petro, lleva a cabo «un proceso en contra del presidente de la república» que «se encuentra en etapa de investigación previa», a lo cual se suma la denuncia presentada esta semana contra el presidente por un senador.
Riesgo político
Sin embargo, el mayor riesgo para el presidente parece estar en el campo político porque el escándalo estalló a solo tres meses de las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo 29 de octubre a las que el Pacto Histórico, la alianza por la cual fue elegido Petro, llega debilitado por el rápido desgaste del Gobierno.
Ese desgaste se nota en los reveses sufridos en el Congreso, en donde en la primera legislatura Petro no logró la aprobación de sus reformas sociales y sigue perdiendo apoyos.
«La gobernabilidad se afecta severamente para la necesaria y ambiciosa agenda de transformación que reclama nuestro país. No es drama familiar. Es asunto de Estado y acceso al poder», escribió la senadora Angélica Lozano, miembro del Partido Verde, fuerza que el próximo miércoles decidirá si sigue apoyando o no al Gobierno.
Para el analista político Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, el mayor impacto político de este escándalo lo sentirá Petro en las elecciones de octubre.
«Yo no creo que (el escándalo) le reduzca el margen de gobernabilidad al Gobierno, eso se lo va a quitar la elección de alcaldes, gobernadores y asambleas», explicó a EFE.
En su opinión, esto sucederá porque en estos tres meses «los partidos van a tratar de desmarcarse del Gobierno y porque el Congreso, representantes y senadores, van a estar centrados en las campañas locales». EFE
