¿Cuáles son los municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales que más dinero recibieron en el 2022 y qué controles existen de su gasto?

Los municipios de las más grandes ciudades del país son las que más recursos reciben a la hora de la repartición del presupuesto para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que les llega desde el Estado cada año. Al examinar el listado del presupuesto que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas, se puede observar una suerte de ranking de cuáles fueron los gobiernos secccionales que más dinero han manejado.

En cuanto a los municipios:

• La capital del Ecuador, Quito, con $ 335 millones.
• Guayaquil con $ 297,6 millones.
• Cuenca con $ 56,1 millones.
• Santo Domingo con $ 44,3 millones.
• Ambato con $ 38,2 millones.

Son las ciudades que más altos presupuestos manejaron en el 2022, según la liquidación del tercer cuatrimestre establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. En total, los 221 municipios del país recibieron $ 2.112 millones en el 2022.

A pocas semanas de celebrar un nuevo proceso electoral (que se realizará en febrero del 2023) es importante que los ciudadanos conozcan cómo llegan esos recursos a los gobiernos seccionales y cuáles son los controles que tienen para su manejo.

Es que los presupuestos del 2022 para prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales en el país terminarán costando al Estado unos $ 3.114 millones, según los datos de Finanzas. Mientras tanto para el presupuesto del 2023 los recursos asignados llegarán a $ 3.708,58 millones (según la proforma).

¿Pero de dónde provienen los recursos? De acuerdo con la ley, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) se llevan cada año al menos el 21 % de los ingresos permanentes del Estado (principalmente impuestos) y el 10 % de los no permanentes (petróleo). Por ejemplo, en la estructura general, los ingresos permanentes del 2022 llegarían a $ 13.003,8 millones, mientras los ingresos no permanentes terminarían en $ 3.114,3 millones. De estas cifras lo que le corresponde a los GAD son $ 2.730,8 millones por ingresos permanentes y $ 311,4 millones, por ingresos no permanentes.

Entre tanto, a los Gobiernos provinciales, en el 2022 se repartieron $ 851 millones para 24 provincias. Las que más recibieron fueron:

• Guayas con $ 158,8 millones.
• Pichincha con $ 97,4 millones.
• Manabí con $ 81 millones.
• El Oro con $ 36,6 millones.
• Esmeraldas con $ 36,3 millones.

Y, finalmente, para las 1.499 parroquias rurales se destinaron $ 189,2 millones en el 2022. De las cinco que más dinero recibieron, tres pertenecen a Quito y son:

• Calderón con $ 2′253.464 (Quito).
• Conocoto con $ 1′232.926 (Quito).
• Tumbaco con $ 895.509,08 (Quito).
• Colonche con $ 837.560,14 (Santa Elena).
• La Unión $ 794.390,12 (Quinindé).

De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), los flujos que llegan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) están normados por varias leyes. La primera es el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, así como la Ley del Cootad. La forma de distribuir los recursos es en función de variables, de las obligaciones, de las necesidades básicas insatisfechas, entre otros. Esto es el Modelo de Equidad Territorial. Sin embargo, comenta, que al momento queda la duda si esta forma de distribución es justa o no. Es que ha habido voces que se han levantado diciendo que no es la mejor manera y que más bien se beneficia a los gobiernos que menos ejecutan y se termina castigando a los más eficientes.

Para Carrera, la entrega de recursos a los GAD es una parte muy importante del presupuesto. Más aún si se toma en cuenta que solo entre los GAD (con 21 %) y las universidades (que se llevan el 10 % de gastos permanente) ya está preasignado el 30 % del presupuesto. En este sentido considera que para el Estado es complejo manejar las finanzas con un rubro tan importante ya preasignado.

Pese a la importante cantidad de recursos, Carrera dice que, a pretexto de la autonomía, no existe un verdadero control del gasto. “Lo mismo podrían gastar en necesidades básicas, como en fiestas, o gastos superfluos”. Esto ha dado lugar, sostiene, a un manejo político de los recursos. Comenta que el tema de gasto de los gobiernos seccionales es uno de los temas más opacos de las finanzas públicas. Incluso, recuerda que el manejo de las cifras del Sector Público No Financiero, en el que se incluye el de gobiernos seccionales, fue una de las observaciones que hiciera el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que le costó una corrección de cifras muy importante al país, para poder continuar con los acuerdos.

Entre tanto, la Contraloría General del Estado, de conformidad a la Constitución y la ley, en uso de sus facultades, controlará y fiscalizará el uso de los recursos públicos asignados a los GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales. Sin embargo, difícilmente el ente de control puede darse abasto para la cantidad de gobiernos seccionales que existen.

En el artículo 198 del Cootad se indica que el destino de las transferencias deben ir a gastos permanentes únicamente en el 30 % y que el 70 % deben ir a inversión, es decir a obra pública. En el caso de las parroquias que reciban menos de 580 salarios básicos como presupuesto, deberán destinar 170 salarios a gasto permanente. El gasto no permanente no puede ser inferior a 200 salarios básicos.

Para Carrera es importante destacar que el Gobierno central tiene, desde hace pocos años, la facultad otorgada por la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas de pedir cuentas a los gobiernos seccionales; pero lamentablemente no la ejerce.

Lamenta que actualmente no se estaría cumpliendo la ley en cuanto a los porcentajes de gastos permanentes y no permanentes. Asegura que los gastos de personal son muy altos y muchas veces están mal registrados, en cuentas de inversión.

En todo caso, el Ministerio de Economía y Finanzas durante la actual administración ha buscado ponerse al día con los GAD, como parte de su propuesta orden fiscal con enfoque social. En anteriores gobiernos se dejaron acumular varias deudas frente a los GAD. Así, el ministerio ha venido informando periódicamente del pago de deudas históricas a los GAD, tanto por el IVA, competencias de riego y convenios Fingad. Según Finanzas, en noviembre se cancelaron $ 274 millones a los GAD por el Modelo de Equidad Territorial y así se ha dejado de tener atraso en este rubro. (I)